Contra Mariana Nogales Molinelli, electa por voto popular a la Cámara de Representantes de Puerto Rico, destacada figura emblemática del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), se ha iniciado un proceso judicial para que sea investigada por el Fiscal Especial Independiente (FEI). El FEI es la agencia administrativa con la autoridad de procesar actividad criminal de funcionarios públicos. En este artículo, dividido en tres partes, analizamos críticamente este caso como un ejemplo de la llamada “lawfare” o “guerra judicial” que, como en otros países, comienza a practicarse en el nuestro. 1Digo “comienza a practicarse en nuestro país” porque la torpeza con que la han iniciado es muestra de su novatada. Es importante conocer cómo funciona esta forma de guerra política para poder combatirla pues probablemente será la estrategia principal que usará el bipartidismo PNP/PPD por los próximos años para mantener su control sobre el país y evitar el triunfo electoral y gobierno de una Alianza País.
Clarificando el concepto de “guerra judicial” (“lawfare”)
El “lawfare”, en español se ha traducido como “guerra jurídica o judicial”, “juridificación”, “persecución judicial”, “instrumentalización de la justicia” o “judicialización de la política”. Es una estrategia política utilizada en las últimas décadas por sectores, sobre todo conservadores y de derecha, que controlan o ejercen influencia sobre los sistemas jurídicos. Es usada dando la apariencia de que actúan de acuerdo con el sistema de Derecho y Justicia imperante para combatir ferozmente (“hacerle la guerra”) a sus adversarios, leyes, o políticas públicas que son contrarias a sus intereses económicos y políticos. Sobre este tema recomendamos el video de Inna Afinogenova, “Los casos más escandalosos de ‘lawfare’ de América Latina.”
Hemos adoptado el adjetivo “judicial” por considerar que es el que mejor expresa el carácter procedimental de esta forma de guerra. En esta guerra lo “jurídico”, es decir, el Derecho o las leyes y el Sistema de Justicia, son el objeto de manipulación, el terreno de lucha. Pero la guerra se lleva a cabo no sólo por medio de tribunales e instituciones de justicia y otras instituciones gubernamentales que tienen la autoridad para hacer, interpretar y aplicar leyes y reglas. También participan en contubernio partidos políticos, organizaciones civiles, sectores del gran empresariado, medios de comunicación y redes sociales. Éstos operan como caja de resonancia que transforma el proceso administrativo legal en juicio político público por parte de la opinión pública. Estos son los actores que tienen la autoridad o el poder para controlar o influir en la interpretación y aplicación del Derecho o leyes, tanto en las cortes como en la opinión pública, de modo que el proceso judicial se convierta en uno político partidista.
La guerra judicial produce, por un lado, una judicialización de la política; se usa el Derecho y el Sistema de Justicia como instrumento de poder para conseguir fines políticos partidistas. Por otro lado, lleva a una instrumentalización o politización del Derecho y el Sistema de Justicia, al hacer que leyes, instituciones, procesos y decisiones respondan a criterios y actores extrajurídicos.
La guerra judicial usa diversas instituciones, recursos y procesos legales como estrategias y armas políticas para, dar golpes de Estado “suaves” a presidentes; destituir, deshabilitar o desacreditar gobiernos o funcionarios públicos o adversarios políticos.2Los ejemplos en Latinoamérica abundan: Argentina, Bolivia, Brasil, Honduras, Paraguay. De igual modo es utilizada para minar organizaciones, procesos políticos y lideratos emergentes; legitimar la violación sistemática de derechos sociales y afectar procesos y resultados electorales. Todo lo cual conlleva a un debilitamiento del sistema democrático y aumento del autoritarismo y, en sus casos extremos, del fascismo. Además, evita las confrontaciones armadas, el repudio público e internacional y daños colaterales que las guerras y golpes políticas tradicionales producen.3La experiencia de la Alemania Nazi lo confirma. Luego de que Hitler fracasara en su intento golpista, cambió su estrategia por una lucha legal. Una vez que su partido tomó el poder reformó el sistema de Derecho y Justicia para legitimar sus actos. Hans Frank, principal jurista del Tercer Reich, llegó al extremo de declarar: “No existe ninguna independencia de la ley respecto al nacionalsocialismo. En cada decisión que adopten, díganse a sí mismos: ¿cómo actuaría el Führer en mi lugar?”. Disolvió el Poder Legislativo, estableció un sistema de partido único y manipuló el Poder Judicial. Para ello utilizó y contó con los juristas para dar legitimación a reformar la ley, que posibilitó el proceso de eliminación de libertades y derechos que derivó en el Holocausto.
A modo de ejemplo de “guerra judicial”, en los Estados Unidos para los republicanos conservadores haber elegido y reelegir como presidente a Donald Trump, es un objetivo estratégico porque se trata de tomar control del nombramiento de los miembros del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. De este modo se nombran jueces conservadores que puedan dar marcha atrás a la legislación liberal y progresista de los demócratas aprobada en las últimas décadas. El control del Congreso es igualmente importante porque les permite manejar las distribución electoral y con ello facilitar el triunfo de sus candidatos o el triunfo en ciertos estados; lo cual es en extremo importante debido a que en ese país el presidente o presidenta no se elige por voto popular, sino por medio del Colegio Electoral.4En el Colegio Electoral una mayoría de 270 votos electorales de parte de sus miembros es requerida para elegir al Presidente. Cada estado tiene en el Colegio un número de miembros equivalente a su delegación congresional. Esto ha permitido que hayan sido electos presidentes de la nación candidatos republicanos que sin embargo obtuvieron en las elecciones millones de votos menos que su contrincante demócrata. De aquí que parte de la guerra judicial en los EU consiste en controlar la distribución electoral en los estados para obtener una mayor representación en el congreso y de paso poder elegir el presidente.
Finalidad, actores y estructura de la guerra judicial
El uso indebido de la ley y el sistema judicial con fines políticos partidistas ha existido siempre. Pero la guerra judicial es mucho más que eso, es “guerra” y lo característico de la misma es ser una estrategia general y sistémica de ataque a muerte del adversario. Para ello que integra en su plan de guerra una diversidad de sectores, instituciones, estrategias, tácticas y armas legales y comunicativas para el logro de su finalidad: alcanzar o mantenerse en el ejercicio del poder político, es decir el control gubernamental del Estado.
Se enfrentan en esta guerra, del lado agresor, burócratas, carreristas e inversionistas político-partidistas que tienen o buscan asumir la dirección del gobierno. Del otro lado, aquellas personas u organizaciones que representan una fuerza social que pone en peligro el poder y dominio, la hegemonía, sobre el país lo cual resulta amenazante para la satisfacción de las necesidades e intereses del agresor.
En términos estructurales, la característica esencial de la guerra judicial es la hegemonía o control prácticamente absoluto, que tiene un partido o partidos sobre el ejecutivo, el legislativo, el sistema de Derecho y Justicia y la opinión pública. Debe quedar claro que la guerra judicial sólo pueden declararla, iniciarla, dirigirla y sostenerla los actores que tienen el control sobre las personas e instituciones que formulan, interpretan y aplican el sistema de Derecho y Justicia. Los adversarios sólo pueden defenderse y contraatacar, tanto en el plano jurídico como en el de la opinión pública.
En nuestro sistema democrático electoral, para conducir la guerra judicial efectivamente se requiere como preparativo que un partido o partidos políticos prevalezca en la contienda electoral. Como demuestra la situación actual en Puerto Rico, la guerra judicial comienza mediante la formulación de leyes y procesos electorales que obstaculicen la formación y el triunfo de una nueva fuerza política electoral que amenace el control de la dominante. Una vez en el gobierno, el partido o partidos se dan a la tarea de controlar:
- formulación del ordenamiento jurídico, es decir del establecimiento de leyes y reglamentos (legislaturas, gobiernos, agencias, etc. que establecen la normativa que rige en el país) que favorezcan los intereses que representan.
- las instituciones que tienen la autoridad en ley para interpretar las leyes y reglas e imponer sanciones (tribunales, agencias, comisiones, juntas, paneles, etc.).
- la selección o nombramiento de las personas que en esas instituciones interpretan las leyes y reglas (jueces, fiscales, administradores de agencias, etc.)
- las instituciones que investigan la violación de las leyes y reglas (Departamento de Justicia, Policía, etc.)
En resumen, la guerra judicial requiere que se controle las tres ramas de gobierno, es decir violentar la separación de poderes haciendo que tanto el sistema legislativo y, sobre todo, el judicial, pierdan su independencia ante el poder ejecutivo que es controlado por un partido o partidos políticos. Esto es claro en el caso de Puerto Rico donde el contubernio bipartidista PNP/PPD, hace la ley, la interpreta y la ejecuta a conveniencia de sus intereses y los de aquellos que representa. El bipartidismo en Puerto Rico ha creado una estructura en la que el ejecutivo controla:
- la rama legislativa, lo que le ha permitido aprobar legislación que posibilita que tengamos un ejecutivo que solo cuente con un tercio o menos de respaldo electoral y no permita las alianzas electorales que podrían derrotarlo.
- la rama judicial mediante el nombramientos de los jueces que interpretan y validan la legislación de modo que haga prevalecer el interés del ejecutivo5El caso de Gustavo Petro, actual presidente de Colombia es interesante porque a pesar del control que sobre el legislativo y el ejecutivo tenía la derecha, el judicial a su más alto nivel mantuvo su independencia. Esto impidió que Petro fuera encontrado incurso en delito y enviado a prisión a pesar de todos los casos que se le fabricaron. En el caso de Lula Da Silva, hoy presidente del Brasil, la rama judicial controlada por la derecha logró sostener la fabricación del caso y enviarlo a prisión.
- la Comisión Estatal de Elecciones reglamenta y dirige los procesos electorales y las diversas agencias de servicios a la ciudadanía que se usan como forma legal y sofisticada de propaganda partidista y compra de votos.
