Los recientes casos de corrupción en Puerto Rico no son sorpresa para nadie. La Encuesta mundial de valores para Puerto Rico del 2018 refleja que ante el planteamiento de que “hay mucha corrupción en Puerto Rico” el 78% de las personas encuestadas contestaron que concurrían con la expresión, dándole la puntuación máxima en una escala del 1 al 10. Ante esta percepción, es importante que no consideremos la corrupción como una consecuencia inevitable de la gestión gubernamental. Un gobierno transparente y honesto es posible.
Durante los últimos años, hemos visto numerosa evidencia de que los municipios se han convertido en uno de los principales focos de corrupción en el país. La falta de controles adecuados y de supervisión efectiva han permitido múltiples esquemas de pillaje, o cuando menos, mal manejo de fondos públicos. El reciente juicio del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, presentó ante el país las profundas raíces de este problema. El testimonio en el caso del exalcalde de Cataño, Félix Delgado, fue especialmente alarmante. Sus cándidas expresiones retratan un problema de inversionismo político al plantear que “cuando uno tiene el poder como alcalde, hay personas que han ayudado en campaña y hay que compensarlos mediante darles contratos”. De igual forma, se mostró la debilidad de las instituciones que, en principio, deberían garantizar la transparencia en la contratación municipal, cuando planteó que “después que tenga a uno que responda completamente a mí, yo sé que se puede manipular esa Junta de Subasta”.
Por complicada que se vea la telaraña de corrupción municipal, no podemos resignarnos. Debemos, en primer lugar, fomentar la transparencia y la fiscalización a través de quienes nos representan en las legislaturas municipales. En el momento que estamos viviendo y de cara al futuro, será necesario mantenernos en un alto nivel de alerta. Como señala en el artículo Corrupción en tiempos de crisis, publicado por Transparencia Internacional, las crisis humanitarias y económicas crean la tormenta perfecta para que prospere la corrupción por el ingreso de grandes cantidades de dinero, la necesidad de desembolsar dichos fondos con urgencia y la supervisión inadecuada. Esos factores se dan actualmente en todos los municipios de Puerto Rico los cuales, a casi seis años después, continúan trabajando con fondos relacionados al huracán María, al igual que con millones de dólares de los “fondos ARPA” por la pandemia del COVID-19. En el caso de varios municipios sureños, esto se une a los fondos relacionados a los terremotos del 2020.
Pero el potencial de corrupción en los municipios va más allá del manejo de situaciones de emergencia. Por años hemos visto cómo se desarrollan y se repiten distintos esquemas de corrupción y ante esto, debemos proponer legislación en los municipios. Por eso, en marzo de 2021 presenté tres proyectos en la Legislatura Municipal de Ponce, que buscaban comenzar a atender estos riesgos. Mediante el primero de ellos, que buscaba establecer unas limitaciones a la contratación por el Municipio de donantes de campaña, se incorporaban al ámbito municipal prohibiciones similares a las contenidas en leyes a nivel federal y estatal en los Estados Unidos.
Los otros dos proyectos buscaban establecer prohibiciones y consecuencias para la práctica de requerirles a empleados o empleadas municipales que hagan donativos a comités de campañas políticas. La intención legislativa detrás de esos proyectos, que no han sido atendidos por la Legislatura, terminó teniendo un choque directo con la actualidad en Ponce.
Como sabemos, durante las últimas semanas se han reiterado los señalamientos de las autoridades locales sobre la posible comisión de delitos de coacción y enriquecimiento injustificado por el alcalde de Ponce, al igual que de violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y a la Ley para la fiscalización del financiamiento de campañas políticas. Los hechos alegados son, precisamente, los que contemplaban los proyectos que presenté hace dos años. No había que tener una bola de cristal para reconocer el peligro de que una práctica generalizada a través de distintas esferas del gobierno podría manifestarse en Ponce. Basta con tener personas con ojo avizor y compromiso con el servicio público para seguir insistiendo en la erradicación de éstas y otras prácticas. La recuperación de nuestras instituciones públicas tiene que empezar por los municipios.
