Como señala Silvina M. Romano1Los interesados en un artículo de carácter académico sobre el tema pueden consultar el de esta autora, miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, “El lawfare en América Latina: guerra contra la política” que aparece en Revista Sudamérica, Nº 13, diciembre 2020, pp. 14-40. Disponible en: https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/sudamerica/article/download/4662/4896, la guerra judicial es “aplicada por el gobierno de turno para permanecer en el poder, cambiando o creando leyes para limitar las posibilidades de que se elijan determinados candidatos (especialmente en contextos electorales), para arrestar a líderes de la oposición, en general alegando traición o corrupción.” La estrategia de la “guerra judicial” no se comprende sin referencia al contexto o espacio y tiempo político, es decir de luchas de poder, en que se desarrolla y, por ende, los valores e intereses que están en juego. Es en este contexto que debe examinarse críticamente los hechos del caso de la Representante Mariana Nogales Molinelli.
La crisis del bipartidismo y la guerra judicial
Por casi seis décadas el gobierno de Puerto Rico ha estado controlado por el bipartidismo del PNP-PPD, que con leves diferencias entre uno y otro, ha impuesto una política de mayor dependencia colonialista y desigualdad neoliberal, sobre todo en las últimas dos décadas. Ello tiene como resultado: la corrupción, la negligencia e inefectividad con que se ha manejado el proceso de recuperación económica y de crisis fiscal, la entrega de servicios esenciales a la privatización y por ende elevación del costos y acceso a los mismos, la incapacidad para frenar los procesos de daño a nuestra ecología, la criminalidad que se origina en el trasiego de drogas y la extrema pobreza, la falta de oportunidades en que vive un gran sector de la población, en especial la juventud que en cientos de miles se ha visto obligada a emigrar; la violencia y feminicidios, etc.
Es importante reconocer que tan temprano como 19902La Cultura Política y la Estabilidad del Sistema de Partidos de Puerto Rico, Rivera, Angel Israel; Seijo, Ana Irma y Colón, Jaime W. Caribbean Studies, Vol. 24, No. 3/4 (1991), pp. 175-220.
https://www.jstor.org/stable/25613044 ya se reconoce la gradual pérdida de confianza en el bipartidismo por parte de la mayoría de la ciudadanía durante el período 1968-1988. Esto debido a factores cómo los escándalos políticos y casos de corrupción administrativa, el descenso en el nivel del debate público basado en el personalismo, la incapacidad de los gobiernos de ambos partidos para solucionar los problemas socioeconómicos más graves del país, la ausencia de una acción definitiva para resolver el problema del estatus político y los conflictos internos en los partidos y su crisis de liderazgo. Pero ante la ausencia de alternativas viables, a pesar de la valoración negativa que recibía el funcionamiento del bipartidismo, a la altura de las elecciones de 1988 se mantenía firme. La situación comenzó a cambiar a partir del 2008 con el desarrollo de nuevos partidos políticos y candidatos independientes. Los resultados de las elecciones de 2016 hicieron claro el inicio de la tendencia hacia una crisis definitiva del bipartidismo. Dos candidatos independientes sumaron el 17% de los votos emitidos (Alexandra Lúgaro, 11.13 y Manuel Cidre, 5.7); además, por primera vez, un candidato independiente logró un puesto en el Senado (José Vargas Vidot).
En las pasadas elecciones se redujo el apoyo ciudadano al bipartidismo de un 94. 4% en 2012 a 84.3% en 2016 y 64.9% en 2020. Cuatro agrupaciones (tres de ellas nuevas, captaron el 35.1% de los votos (de estos el 14% correspondió al MVC). Ello a pesar de haber formulado un código electoral hecho a su conveniencia, que no permite las alianzas y candidaturas coaligadas entre partidos. Además de tener el control sobre la Comisión estatal de Elecciones, lo cual dio paso a diversas irregularidades en la movilización electoral y el conteo de votos que afectaron a los partidos de oposición.
El gobernador y la legislatura actual dirigen el país con un mandato de apenas el 33.2 por ciento de los votantes (la falta de legitimidad democrática es aún más grave si se toma en cuenta que cerca del 50% de las personas habilitadas para votar no lo hicieron). Estos resultados y tendencia hacen claro un probable triunfo de la oposición y el final del bipartidismo si se concierta un acuerdo electoral entre sectores representativos de las comunidades, diversas organizaciones civiles y partidos de oposición) para el 2024. (Sugiero que se incluyan otras fuerzas además de “partidos de oposición”)
En este contexto cara a las elecciones del 2024, el MVC en general y Mariana en particular, representan la más importante amenaza al dominio del bipartidismo; de las maquinarias políticas que lo organizan y los grandes intereses económicos que lo sostienen. Lo que está en disputa en esta guerra judicial es quiénes van a estar a cargo del futuro desarrollo sostenible del país: las fuerzas políticas minoritarias que buscan por medio de sus maquinarias electorales de carreristas e inversionistas seguir lucrándose con la corrupción y por ende bloquearlo; o las nuevas fuerzas políticas emergentes de partidos y colectividades que en teoría y práctica han mostrado un verdadero compromiso con el mismo.
Como en toda guerra conducida estratégicamente, el agresor debe encontrar un flanco de importancia, en el cual identifica una grieta o punto débil, para justificar e iniciar el ataque contra la fortaleza de su adversario. En lo que se refiere al Movimiento Victoria Ciudadana, dicha fortaleza se encuentra en la alta valoración que ha logrado alcanzar, frente a la corrupción e ineptitud del bipartidismo PNP-PPD, gracias a la defensa legislativa y militante de los intereses de nuestro pueblo. El ataque va por ello dirigido a que el MVC sea percibido como otro partido corrupto más para socavar esa valoración utilizando para ello el control o influencia que se posee sobre el sistema de Derecho y justicia y sobre los medios de comunicación. El flanco de importancia para su ataque consideran haberlo encontrado en la Representante Mariana Nogales Molinelli.
¿Quién es la Representante Mariana Nogales y qué representa para haberse convertido en objetivo táctico de la guerra judicial que contra ella opera el bipartidismo?
Mariana Nogales constituye actualmente la figura emblemática del MVC porque representa políticamente el más claro, firme y demostrado compromiso de transformación social en la defensa de los mejores intereses de las mayorías ciudadanas, frente a los sectores dominantes que se benefician de la situación existente3Me he referido a este tema en dos artículos anteriormente publicados en La Revista Ciudadana: ¿Quién le teme y por qué a Mariana Nogales?» y “El caso de la representante Mariana Nogales: ¿caso ético o caso político?” . Al respecto tiene un récord demostrado de lucha. Fue presidenta del Consejo de Estudiantes de Derecho y de la Asociación Internacional de Estudiantes de Derecho. Ha jugado y juega un importante rol en las luchas estudiantiles en defensa de la UPR frente al intervencionismo político partidista. Como Secretaria de la organización “Gran Caribe por la Vida” recibió el Premio de Derecho Internacional 2010 y el Premio Thurgood Marshall otorgado por la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico. Como feminista, ha trabajado con el Movimiento Amplio de Mujeres y el Proyecto Matria a través de la iniciativa La Ruta de las Mujeres. Coopera regularmente con Taller Salud y organizaciones de derechos LGBTTIQ+. Es miembro de Amnistía Internacional Sección de Puerto Rico y de la American Civil Liberties Union; membra fundadora de la organización, que trabaja por el respeto a la separación de Iglesia y Estado, Humanistas Seculares de Puerto Rico. Pertenece al grupo de abogados y abogadas que prestan servicios gratuitos a la población necesitada a través del Programa Pro-Bono del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
Como legisladora ha desarrollado un estilo de trabajo valiente, constante y agresivo en el que combina su labor en diversas Comisiones de la Cámara y la presentación o apoyo de legislación con la comunicación y visitas continuas a las comunidades y el enlace con colectividades y organizaciones sin fines de lucro. En acuerdo con diversas organizaciones y comunidades ha presentado legislación y resoluciones; fiscalizado y criticado el contrato y servicios de privatizadoras; denunciado en vistas públicas a diversas instrumentalidades del gobierno responsables de que hoy en día no se han podido recuperar de los estragos de los huracanes Irma y María. Por otro lado, ha participado militantemente en actividades en defensa de nuestro sistema ecológico, contribuyendo incluso a detener proyectos de construcción que atentan contra éste. Ha sido férrea defensora de los derechos de la mujer y la comunidad LGTBQ. A pesar de las acusaciones en su contra, en lugar de amedrentarse y asumir un silencio cobarde y cómplice, Mariana ha continuado e intensificado su labor de protesta y propuesta en favor de los intereses de la ciudadanía. Labor que ha contribuido decisivamente a detener diversos proyectos de desarrollo en áreas protegidas en diversos puntos de la Isla e incluso a los recientes arrestos del FBI en Salinas.
La guerra judicial contra Mariana Nogales: ¿De qué y cómo se le acusa?
Se le acusa inicialmente de haber omitido cierta información en un informe requerido por la Cámara. Fue la propia Mariana quien señaló haber cometido involuntariamente el error de no incluir ciertos datos. Solicitó por ello que, como tradicionalmente se ha hecho con otros Representantes, incluso con algunos que ni siquiera rindieron el informe a tiempo, se le permitiera enmendar el mismo. Antes que nadie lo solicitara, como respuesta a sus críticos y para que no quedara duda en la ciudadanía de que no tenía nada que ocultar, pidió que la Comisión de Ética de la Cámara investigara la falta involuntariamente cometida.
Inicialmente el Comité, ante la ausencia de precedentes, fue tomado por sorpresa y no sabía como lidiar con la situación. Pero por mayoría y sin otro elemento adicional de juicio, el Comité recomendó sancionar públicamente y multar a la representante por su acción involuntaria. Además, remitió su informe al que la Cámara remitiera el caso para un proceso investigativo por parte del Departamento de Justicia (DJ). Durante el proceso, miembros de la Comisión que deben atender el caso, hicieron manifestaciones públicas prejuzgando el caso que reflejan el grave conflicto de ser juez y parte al mismo tiempo. Irónicamente, la honestidad de confesar un error y estar abierta a investigación culminó con una acusación. De este modo se inicia la aplicación de la ley (en ese caso reglas de la Cámara) en forma irregular y discriminatorias en combinación con los medios de comunicación. Simultáneamente el Senador Rivera Schatz presenta ante la Oficina de Ética Gubernamental una querella contra la Representante.
De acuerdo con lo que dispone la ley, el DJ llevó a cabo una investigación preliminar para recibir información bajo juramento que constituya causa suficiente para investigar si se ha cometido cualquier delito grave y menos graves relacionados a delitos contra los derechos civiles, la función pública y el erario público. El DJ, luego de una investigación, que agotó el tiempo máximo de 180 días de que dispone, anuncio que encontró evidencia de que la Representante incurrió en conducta de naturaleza penal al cometer el delito de perjurio, según tipificado en el artículo 269 del Código Penal de 2012. Sobre esta base sometió el caso al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), organismo gubernamental que investiga casos de corrupción de parte de funcionarios públicos. El mismos se compone de personas nombradas por el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento de ambos cuerpos legislativos, que controla el bipartidismo neoliberal colonialista del Partido Nuevo Progresista (PNP) y Partido Popular Democrático (PPD). Ahora le corresponde al FEI pasar juicio sobre el caso presentado por el DJ. neutral e independiente para dilucidar los
Esperamos que sea la ciudadanía, que contrario a lo que concluyó el FEI de que no hubo delitos en el chat de burlas, mensajes sexistas, misóginos, racistas y homofóbicos en la cuenta de Telegram de Ricardo Rosselló, lo juzgó, encontró culpable y se lanzó por millón a las calles para sacarlo de la gobernación, también tenga en esta ocasión la última palabra sobre la inocencia de la Representante Mariana Nogales Molinelli.
