Recientemente, el Secretario de Salud de Puerto Rico, Carlos Mellado López, respaldó las expresiones del Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, con respecto a la baja tasa de natalidad en Puerto Rico. Mellado expresó que “…si las mujeres no quieren parir en Puerto Rico, tenemos un problema serio” y añadió que “…la economía influye, pero en Puerto Rico tenemos un programa para la manutención de los menores a través del WIC y el Departamento de la Familia y no hay excusa”.
Además de ser expresiones machistas y violentas, sus comentarios demuestran una desconexión completa con la realidad en Puerto Rico. Es muy fácil decir que con un programa de manutención– que ofrece lo mínimo posible–se puede mantener una familia, cuando el secretario tiene el lujo de no tener que sobrevivir y depender de las migajas ofrecidas por el gobierno federal. En la realidad alterna de Mellado, una familia solo necesita alimentos básicos y nada más. No considera la gama de responsabilidades que conlleva sostener a una familia, más allá del mero alimento y el mínimo mantenimiento. Tampoco considera otras variables que pueden afectar la habilidad de sostener una familia, como la inflación de los precios, el desplazamiento comunitario o la falta de oportunidades laborales. El deseo de muchas familias es poder encaminar a sus hijas e hijos hacia un futuro próspero donde tengan las oportunidades para crecer y tener éxito en los diversos ámbitos de la vida. El gobierno de Puerto Rico actualmente prefiere gastar fondos públicos en campañas “educativas” que promueven la concepción antes de mejorar las condiciones materiales para posibilitar la sostenibilidad familiar.
Para ofrecerles una perspectiva anclada a la realidad de Puerto Rico, presentamos varios datos que ilustran los retos que dificultan sostener a una familia en la isla. El Departamento Federal de Agricultura estima que el costo de criar un menor de edad es entre $15,000 y $17,000 anuales, mientras que el ingreso mediano por familia se estima alrededor de $21,967 y el salario mínimo para ciertos sectores es $8.50 por hora. Este contraste se refleja claramente en el último censo, donde se estima que aproximadamente el 40% de las familias en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza, mientras que la pobreza infantil se mantiene entre un 56% y un 58%. Estos números representan el doble de los niveles de pobreza en las jurisdicciones más pobres de Estados Unidos, y añadimos que la pobreza afecta desproporcionadamente a personas marginadas por razón de género o raza. Por ejemplo, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos, en el 2018 se reportó que alrededor del 70% de las familias encabezadas por madres solteras con menores de 18 años viven bajo el nivel de pobreza.
No obstante, el nivel de pobreza también es un estándar muy bajo, definido por un ingreso anual de aproximadamente $20,420 para una familia de tres y $24,600 para una familia de cuatro. Considerando el ingreso mediano por familia en Puerto Rico, la mayoría de las personas que están sobre el nivel de pobreza están rayando sobre la misma línea—o bajo la línea para familias de cuatro—y esto no representa una mejora automática en términos de condiciones materiales y socioeconómicas.
A esto también le sumamos la carencia de servicios públicos adecuados y la falta de acceso a necesidades básicas como la educación, la salud y la vivienda, incurriendo en gastos adicionales y por consecuencia más retos para la sostenibilidad familiar. Por ejemplo, el cierre de más de 800 escuelas ha provocado un desplazamiento estudiantil y una interrupción rutinaria para las familias, causando mayores distancias de viaje, más gastos en peajes y más gastos en gasolina sin considerar la reciente inflación de precios del petróleo. La escasez de profesionales de salud y el acceso limitado a los servicios médicos también resultan en mayores gastos incurridos. Las ventas de terrenos y viviendas públicas para los inversionistas beneficiarios de la Ley 60 han resultado en el desplazamiento de familias y aumentos en los precios de propiedades y alquileres. Cuando consideramos la combinación de todos estos factores, podemos observar la multiplicación de desafíos y problemas para la sostenibilidad familiar que no se puede mitigar meramente con el programa de WIC. Si la verdadera preocupación del secretario y del gobernador es la baja poblacional en general de Puerto Rico y la sostenibilidad de los gastos públicos, el Gobierno de Puerto Rico no puede reducir esta combinación de problemas a la mera falta de concepción reproductiva.
