En la guerra judicial que se libera en Puerto Rico, el objetivo estratégico general del bipartidismo PNP-PPD es ganar las elecciones del 2024 para mantener el control del gobierno por medio legales, reales o aparentes, de modo que se pueda sostener en forma ampliada el interés de aquellos sectores sociales que representan y les permiten ser electos. Por un lado, el inversionismo de grandes sectores del empresariado cuyo interés en mantener las políticas neoliberales que los enriquecen; por otro, sectores populares en extremo dependientes de servicios esenciales que el gobierno satisface parcialmente o intenta hacer creer que lo hace por medio de la propaganda. Para lograrlo se vale del control sobre el gobierno, los fondos federales, los medios de comunicación y sus organismos partidarios a nivel municipal.
Desde luego, objetivamente se trata de sectores cuyos intereses están en conflicto y por ello uno de los retos más importante del bipartidismo PNP-PPD, es palearla y ocultarla, para evitar se convierta en una derrota electoral. Esto es particularmente importante ante la extraordinaria baja en apoyo electoral que ha tenido el bipartidismo (cerca de un 50% del apoyo que tenían para 2008), sobre todo en los sectores urbanos, de clase media y juventud.
La guerra judicial requiere integrar a su estrategia o línea de acción en el terreno jurídico otras tres líneas de acción para lograr su propósito estratégico general: el desarrollo de la maquinaria de guerra, el acceso al capital para su financiamiento y el dominio de los medios de comunicación pública.
El partido político como maquinaria de reclutamiento para el control del gobierno
Aunque diversos estudios académicos tienden a indicar que la mayoría de los empleados públicos de todos los partidos son personas interesadas en hacer su trabajo en una forma efectiva y en ley, hay un sector de ellos reclutado por estar enlistado o para enlistarlo en las filas del partido y operar en las instrumentalidades de las tres ramas de gobierno o a nivel municipal al servicio de éste. El ejército azul está más fuerte que nunca y así quedó demostrado en nuestro encuentro progresista de la Convención 2021. A un año del triunfo está claro que estamos activos y listos para continuar trabajando por Puerto Rico, lee un “trino” en la página Twitter Oficial de la Organización de Servidores Públicos Progresistas.
Luego de más de 50 años de gobierno bipartidista PNP-PPD y dado el tamaño relativamente grande de la burocracia gubernamental, este ejército, que incluye también un sector de pensionados, suma miles y es una fuente de empleo y campo de desarrollo para burócratas y profesionales carreristas político-partidistas. Este ejército ocupa puestos de “confianza” y dirección en las instrumentalidades del gobierno, muchas veces sin tener el mérito profesional o técnico para ello; alimenta las finanzas del partido por medio de actividades especiales, cuotas o donativos “voluntarios” que se les solicitan a los empleados(as); sirven de organizadores políticos y funcionarios de colegio en sus comunidades; se movilizan y movilizan a actividades; y mantienen vigilancia en las agencias para identificar adversarios en éstas.
El inversionismo político para el financiamiento de la guerra:
La riqueza acumulada por el Estado por medio de impuestos y contribuciones, transferencia de fondos federales, corporaciones públicas, propiedades, y otros renglones, representa una de las principales áreas de acumulación de capital del país. A este capital busca ganar acceso el sector empresarial más poderoso del país y del extranjero promoviendo y apoyando las políticas neoliberales del gobierno que se traducen en grandes contratos, privatización de servicios gubernamentales, compra de propiedades a precios especiales o en zonas restringidas, creación de empresas público-privadas, entre otras.
Para lograr sus propósitos este sector invierte en el financiamiento de las campañas políticas de las candidaturas del bipartidismo mediante donativos, en apariencia legales, que burlan las normas electorales vigentes, creando organizaciones y eventos especiales. Así, por ejemplo, “Empresarios con Roselló” (padre) donaba 2,000 al PNP (1,000 a campaña Rosselló y 1,000 al partido) a cambio de sentarse al lado de los jefes de agencia (secretarios de Educación, Turismo, otros.) en actividades de recaudación de fondos. Esta forma de actividades de recaudación de fondos continúa hoy día. Ahora, además, se está organizando un súper PAC de empresarios denominado “Democracia es Prosperidad”, encabezado por el presidente de MIDA, para apoyar a candidatos que promuevan “políticas de libre mercado” en las elecciones de 2024. Se trata de un esfuerzo por imponer las políticas neoliberales y frenar y revertir los logros, que aunque limitados, del liderazgo que ha tenido la alianza no declarada formalmente entre legisladores del MVC, PIP y legisladores independientes en defensa de la clase trabajadora.
Los medios de comunicación masiva y las redes sociales para el control de la opinión pública
Debido a que vivimos en la era de las tecnologías de la información y el conocimiento, los medios en efecto se han convertido en un “cuarto poder” con la capacidad para ser decisivos en lograr elegir, sostener o destituir gobiernos o cancelar las posibilidades de nuevos alternativos. Como acertadamente, analiza Amaury Reyes Torres en la guerra judicial: “El derecho se convierte en el nuevo acto de violencia, amenaza o extorsión. Trata de inscribir en el imaginario social una narrativa de inmaculada moralidad que disfraza un liberalismo autoritario. Es decir, aunque perdemos en la justicia, la narrativa está en la mente de todos, aunque eres inocente. La guerra jurídica solo tiene un resultado: culpable ante la justicia o el derecho, culpable ante la tribuna de las masas aun cuando la tribuna jurídica absuelve. El proceso jurídico es una apariencia o un manto donde se esconde el juego de dominación y humillación.”
El uso de esta línea de estrategia política1 La guerra jurídica se emplea también como estrategia militar como parte de las “guerras híbridas” que se desarrollan actualmente. Ejemplos: sanciones que un país aplica a otro que adversa sus intereses; el uso de instituciones internacionales para justificar la intervención militar en un país. se ha multiplicado a escala mundial en las últimas décadas. Bajo el marco de la legalidad que cobija el derecho a la libre expresión y el mantener la opinión pública bien informada, se busca poseer, controlar o influenciar los grandes medios de prensa y las redes sociales. De este modo el procesamiento judicial del Estado y el comunicativo de los medios marchan parejo y se retroalimentan. La guerra en el terreno del sistema jurídico nutre a la que se lleva a cabo en el de los medios de comunicación y redes sociales y tiene como consecuencia desprestigiar para generar desconfianza en la ciudadanía hacia las nuevas alternativas políticas. Ello requiere que la opinión pública se mantenga mal informada ya sea por la falta de información o la distribución abundante de información incompleta, tergiversada, fabricada o falsa.
Los medios son fundamentales para acreditar o desacreditar generando confianza o desconfianza por medio de lo que comunican o dejan de comunicar. A través de los grandes medios se impone en la opinión pública los temas de conversación; se decide qué se dice y afirma como verdadero o falso acerca y quienes tienen voz para expresarlo. Esto permite alimentar el caso que lleva o fabrica el sistema judicial porque ante la falta de información adecuada se forma una opinión pública favorable a los acusadores. De modo que, incluso aunque finalmente no se encuentre causa o no logre probarse el caso, ya el daño a la credibilidad del acusado o acusada está hecho. Los medios se insertan de diversas formas dentro de la estrategia política de la guerra judicial, tales como: enjuiciamiento público para afectar reputaciones; someter acusaciones y demandas frívolas que ganan titulares de prensa y desacreditan ante la opinión pública; como una forma de avergonzar, afectar psicológica y económicamente y amedrentar a adversarios.
En comparación con otros países, incluyendo los Estados Unidos, en Puerto Rico, el control o influencia político partidista sobre los medios y redes sociales no es tan fuerte ideológicamente. Depende más bien, por un lado, del poder de influencia que tiene el gobierno sobre la prensa y las redes, sobre todo a través de los contratos de publicidad y relaciones públicas que el gobierno ofrece. Por otro lado, porque los medios, y en gran medida también las redes, dependen de personas y organizaciones que se benefician económicamente del Gobierno existente o del gran empresariado que lo apoya. Hemos visto casos donde periodistas e incluso periódicos, son boicoteados por el gobierno o empresas privadas cuando no se sitúan del lado de sus intereses.
