Por: Pastor, Julio Álvarez Rivera
La separación entre Iglesia y Estado es simplemente una manera muy necesaria, de aplicar el principio de que todos somos iguales ante la Ley. Por lo tanto, el Estado no puede conceder privilegios a unas creencias religiosas, mientras se los niega a otras. Eso ocurre por ejemplo, cuando se pretende imponer una oración judeo-cristiana en el hemiciclo legislativo, excluyendo a otras creencias y fustigando a quien no se pone de pie. Y esto lo dice un ministro pentecostal que cree en el poder de la oración pero tiene que ser sin coaccionar a nadie, porque la oración debe ser siempre voluntaria y espontánea.
La separación entre Iglesia y Estado establece también que el Gobierno no puede prohibirle a un Pastor que predique desde su púlpito, que es un pecado que las damas se corten su cabello si así lo cree (yo no lo creo, por si acaso). Pero dicho Pastor, no puede invocar la separación entre Iglesia y Estado para como jefe en un empleo, despedir a una dama por llevar el cabello corto o para negarse a venderle unas tijeras como empleado de una tienda.
Si los derechos civiles se enmiendan para excluirse de cumplirlos basándose en creencias religiosas, se abre la puerta no solamente al discrimen contra la Comunidad LGBTTIQ. Hay religiones que sostienen el supremacismo blanco como la World Church of the Creator. Hay grupos religiosos que enseñan como parte de su doctrina, que los negros son la descendencia de Caín. Así mismo, hay otros que se oponen al uso de la Ciencia Médica hasta para asistir en un parto.
Se crea sin duda un precedente peligroso pero además constitucionalmente impugnable.
