Por: Olvin Valentín
Las elecciones del 2020 fueron únicas. Se llevaron a cabo en plena pandemia del COVID-19, se caracterizaron por campañas mayormente virtuales y participaron 5 partidos en la papeleta, de los cuales salieron electas personas de todos ellos. Pero sobre todo, fue la primera elección general bajo un nuevo código electoral, aprobado unilateralmente por un solo partido a solo 3 meses de las elecciones y que fue el causante de una serie de problemas en el proceso electoral, que al día de hoy han dejado más dudas que respuestas y marcaron para siempre la integridad de nuestra democracia.
Entre los cambios más significativos que introdujo el código, y que provocaron las mayores irregularidades, están los relacionados al voto ausente y al voto adelantado. En el 2020 sobre 227,000 personas votaron mediante uno de estos modos de voto especial, representando el 13.6% del electorado, en comparación con el 2016, cuando menos de 27,000 personas, o 1.7% del electorado, votaron adelantado o ausente.
En el Coliseo Roberto Clemente, donde se realizó el escrutinio general, la famosa Unidad 77 incluyó las categorías de voto adelantado y ausente y fue administrada por la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA). Fue ahí donde hubo más problemas: la inconsistencia en el recibo y procesamiento de solicitudes de voto ausente y adelantado, lo cual propicio la duplicidad de solicitudes y dobles votos; las deficiencias en el manejo, envío y recibo de sobres y papeletas; y los excesos de papeletas recibidas en comparación con el total de electores registrados.
La implementación a la ligera del código electoral también causó serias complicaciones al interior de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que afectaron la transparencia del proceso y laceraron la confianza del Pueblo. El denominador común fue la concentración del poder en solo dos partidos, convirtiendo al organismo en bastión del bipartidismo. Por mencionar solo algunos ejemplos: el código otorgó amplios poderes al presidente y al partido de mayoría, en este caso el PNP; se trastocó el principio de balance electoral, limitando la participación de todos los partidos; se eliminaron posiciones como vicepresidencias y subsecretarías, que eran ocupadas por terceros y cuartos partidos y cumplían funciones electorales que quedaron desatendidas; se ampliaron las categorías de electores elegibles para el voto ausente y adelantado y se eliminaron los requisitos para solicitarlos; y se cerraron o consolidaron Juntas de Inscripción Permanente, lo que provocó largas filas durante las semanas y días previos al cierre de registro, afectando principalmente a jóvenes y nuevos electores que no pudieron sacar su tarjeta electoral.
A nivel administrativo, para poder atemperar todo al nuevo código, se trabajó apresuradamente en la aprobación de reglamentos y manuales, afectando su aplicación efectiva y los procesos de adiestramiento; las máquinas de escrutinio electrónico no pudieron ser programadas con las nuevas reglas de adjudicación, provocando el conteo manual de cientos de miles de papeletas; y debido al control absoluto del PNP y el PPD en áreas clave como la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electoral (OSIPE), se limitó el acceso de los demás partidos a las listas de electores elegibles para el voto adelantado o ausente, imposibilitando nuestra capacidad de fiscalizar los votos dobles; entre otras instancias del caos generado por el Código Electoral del 2020.
La cultura popular se encargó de inmortalizar las historias de las elecciones y el escrutinio, con incontables “memes” y contenido viral en las redes sociales. Todos recordaremos los maletines “gremlins” que se multiplicaban o las papeletas planchadas, entra otras historias que, vergonzosamente, pasaron a formar parte del folklore electoral puertorriqueño.
Para evitar estos problemas en futuras elecciones, es indispensable una nueva ley electoral que promueva la participación igualitaria de todos los partidos en las diferentes estructuras dentro de la CEE, especialmente en JAVAA y OSIPE, donde actualmente solo hay representación del PNP y el PPD. Estas deben operar de forma colegiada y que sus acuerdos sean recogidos en actas oficiales. Además deben reestructurarse a nivel administrativo y operacional para una mejor planificación y manejo de material y datos electorales en todas las etapas del proceso. El escrutinio de JAVAA debe hacerse segregando las diferentes modalidades de voto especial. Estos aspectos deben estar impuestos por el código y no sujetos a cambios por reglamentos.
En cuanto a las solicitudes de voto adelantado, éstas deben acreditar la elegibilidad para dicho voto especial mediante certificaciones médicas, de patronos y cualquier otro, dependiendo del caso. De esta forma se evitará que cualquier ciudadano solicite voto adelantado sin razón justificable y que puedan participar del proceso ordinario de votación.
Un nuevo código también debe encaminar a la CEE a implementar medidas tecnológicas de control de inventario de maletines y digitalización de actas. A su vez, como parte del escrutinio, en las mesas debe haber acceso a las listas de los electores que solicitaron voto adelantado y que en efecto votaron adelantado, y contrastarlo con las listas de exclusión y de quienes votaron en otras modalidades. Finalmente, debe ser requisito realizar una conciliación del total de papeletas contra el total de electores que votaron, incluyendo en las modalidades de voto especial, y en caso de discrepancias, debe realizarse un recuento en los precintos donde no hubo conciliación.
Por otro lado, para alcanzar un sistema electoral más participativo y democrático, debe eliminarse cualquier prohibición de alianzas, coaliciones o candidaturas compartidas. Esto fomenta la interacción entre las diferentes fuerzas políticas y le permite al votante construir mayorías electorales efectivas. Además, las alianzas no son extrañas a nuestra historia politica e incluso en otras jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos, varios partidos pueden nominar a una misma persona candidata.
Para ampliar la participación electoral, la inscripción debería ser automática al cumplir la edad y debe eliminarse el uso de la tarjeta electoral como requisito para votar. Estas medidas aportan mayor transparencia y eliminan gastos innecesarios en el proceso de inscripción de electores.
Además de estos aspectos que debe incluir una nueva legislación electoral, deben considerarse también posibles cambios constitucionales para adelantar un sistema verdaderamente democrático. Entre ellos, ampliar la participación de más sectores y partidos en los procesos de redistribución electoral; establecer el referéndum revocatorio, como es utilizado en otras jurisdicciones, que le permite al electorado acortar el mandato de un(a) funcionario(a) que se aleje de sus compromisos con el Pueblo; e implementar la doble vuelta, como es el caso en varios estados y países, para garantizar que la persona electa cuente con el favor de una mayoría del electorado, lo cual evitaría situaciones como actualmente en Puerto Rico, donde nuestros últimos dos gobernantes han contado con el apoyo de menos de la mitad de los electores.
A estas alturas, no debería cuestionarse la urgente necesidad de una nueva ley electoral. Una que sea producto de un proceso amplio, que incorpore a más sectores y que cuente con todas las fuerzas políticas del país, incluyendo a todos los partidos, legisladores independientes y organizaciones de la sociedad civil. Solo de esta forma se logrará transformar nuestro andamiaje electoral en una dirección más democrática, justa, participativa y transparente.
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