Movimiento Victoria Ciudadana: dínamo de la decencia electoral

Por: José Nicolás Medina Fuentes*

El Tribunal Supremo de Puerto Rico dictó opinión y sentencia per curiam este 22 de noviembre.  Confirmó la sentencia del Tribunal de Instancia con clarificaciones que disponen que los representantes de los cinco partidos tendrán acceso a las listas del voto adelantado en todas sus modalidades. Se permitirá una sola copia adicional a la lista original: la copia será decomisada una vez utilizada y la lista original custodiada. Un intento de doble votación no paralizará el escrutinio general.  Las listas no se trasladarán fuera del área de la sede del escrutinio general. Si se detectara el que un votante ha emitido tanto voto adelantado como voto añadido a mano, se deberá referir dicho asunto al pleno de la Comisión Estatal de Elecciones y a las autoridades concernidas. Se divulgarán las listas de cada precinto a los funcionarios electorales concernidos cuando se abra el maletín correspondiente a ese precinto. No se paralizará el recuento general y el ciclo electoral culminará de la manera más ágil y transparente ante los ojos de nuestro pueblo.

¿Y cómo encaja esta opinión judicial en el contexto del derecho al voto y de la coyuntura histórica que vive nuestro país? Veamos. La Constitución del Estado Libre Asociado dispone que “[l]as leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral” (Art. II, Sec. 2).

La jurisprudencia ha reconocido ese derecho al voto como derecho fundamental. El derecho de cada ciudadano a un voto universal y secreto es el corazón del contrato social moderno. No siempre fue así.  La cultura sobre ese derecho al voto ha sido el producto de un proceso histórico de crítica y de prolongada lucha ético-política y popular. Recordemos que en el pasado no a todo ser humano se le reconocía o ha reconocido el derecho al voto: en los sistemas esclavistas, feudales, monárquicos, tiránicos, de segregaciones raciales, patriarcales, coloniales e incluso liberales modernos. Mucho se ha avanzado. Se han superado sistemas de la esclavitud y el sufragio se ha garantizado a las mujeres, a los analfabetos, presos, jóvenes de dieciocho años, inmigrantes naturalizados y a los que no son propietarios. Todavía quedan aberraciones, en sistemas que se imponen golpes de estados, como el del colonialismo de la nación puertorriqueña. Todavía hoy, en pleno siglo 21, el derecho al voto es objeto de vulneración e injertos de aberraciones procesales a manos de sectas, partidos y élites que se han prostituido para garantizar el latrocinio de los fondos públicos.

Existe un derecho al voto universal y secreto en Puerto Rico para elegir a los administradores del andamiaje colonial limitado del Estado Libre Asociado. Al amparo de ese andamiaje hay un modelo electoral constitucional territorial. En ese modelo tienen derecho a votar los puertorriqueños mayores de dieciocho años, hay unas garantías contra determinados discrímenes y rige un modelo mayoritario mediante el cual ganan los cargos aquellos candidatos que obtienen una mayoría de los votos. No existe en el texto constitucional un modelo de segunda ronda. Los demás asuntos relacionados con el ejercicio del derecho al voto, partidos y con el sistema electoral se determina por ley. De ahí que se ha recurrido a la legislación para establecer el requisito de tener ciudadanía norteamericana (derogado en el caso de Miriam Ferrer v. Mari Brás), el mamarracho del domicilio de un año (que discrimina a nuestra diáspora y atenta contra la unidad nacional) y la prohibición (patentemente inconstitucional y que, como tal, deberá impugnarse algún día) de las alianzas o coaliciones electorales, entre otros.

De modo similar, por ley se pueden hacer barbaridades. El último código electoral, de junio de 2020, fue aprobado por el gobierno del PNP para cambiar las reglas a última hora, sembró los injertos y desencadenó los vientos de estas tempestades, infectadas de fraudes e irregularidades, que han azotado durante las primarias y las recientes elecciones.

En los pasados cuatro años, el PNP ha roto récord de conducta corrupta en nuestra historia, mientras la nación atraviesa un periodo especial de crisis sistémica y de deuda odiosa, agravadas por desastres naturales y la pandemia. Ese periodo especial, junto a las prácticas antes descritas, han generado un proceso de desafiliación masiva de electores de los partidos hegemónicos tradicionales, el PNP y el PPD. De un 95% por ciento de los votos que ambos partidos obtuvieron en el 2012, estos votos han bajado a un 63% en el 2020, haciendo la aclaración de que, al igual que las demás que se ofrecen a continuación, esta cifra es preliminar debido a que el escrutinio general aún no finaliza. De una cifra de votos obtenidos que ronda el 32% de todos los votos, se desprende que el PNP ha perdido un raudal de electores. El PPD obtuvo 31%. Por otro lado, se fortalecieron las fuerzas emergentes, con un total del 37% de los votos.

Entre esas fuerzas renovadoras surgió vigorosamente el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) como tercera fuerza. Su candidata a la gobernación Alexandra Lúgaro mantiene cerca del 15% de los votos (12.45% de voto íntegro), Manuel Natal disputa la alcaldía de San Juan, con un 38% de los electores que votaron el 3 de noviembre. A pesar de que el voto adelantado y ausente amañado reducía la ventaja de éste al 34%, todo apunta a la gran posibilidad de que se imponga al candidato del PNP, Miguel Romero, una vez termine el recuento general, se adjudiquen los miles de votos presenciales que faltan y los miles que se adjudiquen y anulen del voto adelantado. El MVC eligió cuatro legisladores por acumulación y en el Distrito 3 su candidata tiene posibilidades de prevalecer. El PIP quedó como cuarto partido, ya que ha obtenido el 6.98% de voto íntegro y su candidato a la gobernación, Juan Dalmau, el 14% y eligió dos parlamentarios. El Partido Dignidad queda como quinto partido, con el 6.78% de voto íntegro, y eligió dos parlamentarios. El candidato independiente Eliezer Molina obtuvo menos del 1%.  Los tres partidos emergentes quedarán inscritos pues bajo el Artículo 6.1 del Código Electoral se exige un 2% del voto íntegro para que un partido quede inscrito.

El MVC ha sido el dínamo que ha adecentado el proceso electoral. La lucha para adecentar y mejorar el proceso electoral que garantice un derecho al voto superior ideal y soberano es necesariamente permanente, según lo narrado anteriormente. Se necesitan fuerzas políticas virtuosas y firmes que empujen el mejoramiento y adecentamiento de ese proceso. La sentencia de la Juez Rebecca de León, según confirmada y clarificada por la opinión de marras, no hubiera sido posible sin la existencia y constancia del MVC, sus líderes, militantes y funcionarios, que se demuestra en la cronología de luchas virtuosas e intensas en el proceso de recuento que lo lleva a radicar el mandamus que genera la opinión de marras. Por lo pronto, como dijo Alexandra Lúgaro, hay que continuar pariendo funcionarios para el recuento que continúa. La lucha sigue.

*El autor es abogado, Chief Staff Attorney del Tribunal Supremo de Puerto Rico (1985), profesor de derecho (1985-1991), escritor de centenares de ensayos, autor del libro La Deuda Odiosa y la descolonización de Puerto Rico (Publicaciones Libre Pensador, 2018), J.D., UIA (1981, magna cum laude, y primero en su clase), LL.M., Universidad de Harvard (1987, magna cum laude).