Por Marcia Rivera, economista y socióloga
No se puede creer. Hace apenas ocho meses los principales líderes del Partido Popular Democrático tronaban contra el Código Electoral 2020; aquél que fue elaborado casi en solitario por Thomas Rivera Schatz e impuesto con la firma de la gobernadora, Wanda Vázquez. Para entonces, legisladores y otros líderes del PPD, con muchísima razón, expresaban que el nuevo Código introducía cambios indeseables al sistema electoral, que era funesto, que había de derogarlo en la nueva legislatura y llamaban a las nuevas formaciones políticas a realizar acciones conjuntas para derrotarlo. Las primarias del PNP del 9 de agosto 2020, las elecciones generales de noviembre pasado y la reciente selección de los llamados delegados congresionales, mostraron fehacientemente los problemas que ha añadido este Código al ya desgastado y obsoleto sistema electoral puertorriqueño.
Seamos sinceros: tenemos un sistema colapsado, en el cual hoy muy pocas personas confían. Perdió legitimidad por la impericia con que se han manejado los eventos electorales; también por las decisiones arbitrarias tomadas por su presidente, a quien el actual Código le permite decidir cuando no hay unanimidad entre los comisionados; y, además, por las reiteradas denuncias de hechos delictivos que no son debidamente prevenidos e investigados.
Tampoco tiene credibilidad ante la población, porque transpira politización. Es un sistema contencioso político y politizado, que podemos definir como partidocrático pues se compone de unidades dominadas por operadores partidistas y no por funcionarios públicos independientes reclutados sobre la base del mérito.
Nuestro sistema ha sido tan ineficaz que, desde hace al menos tres décadas, no logra atraer al proceso electoral a casi la mitad de la población con derecho al voto. No se hacen esfuerzos importantes para la inscripción de jóvenes, ni se crean campañas de educación ciudadana sobre la importancia del voto. Nadie se atreve poner un dedo en una guillotina por la pureza del registro electoral, puesto que el proceso de depuración de personas fallecidas o que han emigrado es altamente deficiente. Tampoco se han hecho decisiones sabias que nos acerquen tecnologías óptimas para la confiabilidad y rapidez de los resultados.
Pero hay mucho más. Hay descontento con un sistema electoral que no asegura representación proporcional, ni alianzas a favor de candidatos, ni referéndums revocatorios; que no contribuye a mejorar la calidad de la política, ni a formar nuevos líderes democráticos a través de procesos educativos, como se hace en otros países.
Nuestro sistema electoral es hoy un caos, una vergüenza colectiva. Precisamos cambiar la naturaleza esencial del mismo y convertirlo en un sistema jurídico e independiente, que responda a la voluntad de los electores y al rigor del mérito. Necesitamos regenerar confianza y credibilidad en un instrumento clave de la democracia, porque es a través del Código Electoral que se establecen las normas y reglas que la definen.
¿Hay amnesia o memoria corta en el PPD? ¿Sucumbieron a la tentación de pensar en la inmediatez de tener un instrumento con el cual ganar las próximas elecciones, en vez de dejar una legislación que atienda integralmente una verdadera reforma electoral? El Código 2020 no es enmendable, es un engendro de trozos de leyes anteriores, de visiones arcaicas sobre los procesos electorales y que ha generado una estructura que no funciona. En la Cámara de Representantes, el PPD busca adelantar un proyecto de enmiendas, solo con el insumo de su delegación; en la CEE su comisionado electoral, trabaja otro, diz que “consultando” al resto de los comisionados. Eso no es aceptable.
Puerto Rico necesita un proceso de reforma electoral amplio, inclusivo y transparente. Que permita que todas las fuerzas políticas, sociales, comunitarias y cívicas comprometidas con la democracia y el desarrollo del País puedan contribuir a generar un consenso sobre el cual diseñar un sistema político-electoral nuevo. El resultado dependerá del proceso que se siga; porque el proceso es el camino a la confianza, la credibilidad y la legitimidad de lo que se haga. Los parches o las enmiendas nos alejan de la posibilidad de construir ciudadanía y democracia. El PPD debe despertar de su letargo y escuchar las señales.
