Por Julio Álvarez
El proyecto 693 del Senado que busca restringir la práctica del aborto en Puerto Rico ha generado gran controversia. Dicho proyecto fue aprobado por la Comisión de Asuntos de Vida y de Familia presidida por la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, el martes, 29 de marzo del 2022 con 9 votos a favor y 3 en contra. Amplios sectores han reaccionado al mismo a pesar de la indisposición por parte de sus proponentes de celebrar vistas públicas.
El informe rendido por la Comisión recoge, selectivamente, comentarios del Departamento de Salud que expresó su oposición a la medida, de la Dra. Rosalina Varcárcel, del abogado y sacerdote Carlos Pérez, del Lcdo. Héctor Reichard de Cardona, de la Lcda. Marlene Gillette del Centro Guadalupe/ Human Life International, de la Oficina de Servicios Legislativos y organizaciones como «Mujeres por Puerto Rico» y «Cree Women’s Care».
El ex Secretario de Justicia Lcdo. Reichard de Cardona, afirmó que el proyecto 693 «dibuja un balance de intereses protegidos por el Estado» apelando a la sección 7 y artículo 2 de la Carta de Derechos. Describió esos intereses como los del nasciturus, su madre y la profesión médica. Por su parte, la organización Matria envió un memorial tardío contra el PC 693 según indica el informe de la Comisión, y la «Campaña Nacional por el Aborto Libre, Seguro y Accesible» envió otro memorial el día previo a la votación. El Departamento de Salud sostuvo que algunas de los aspectos que el proyecto busca atender, ya están regulados en el Código de Ética para los Médicos de Puerto Rico y que el criterio para determinar la viabilidad del feto (capacidad de sobrevivir fuera del útero) no se reduce a la etapa gestacional como el proyecto establece al restringir el aborto a partir de las 22 semanas, sino que puede variar de una embarazada a otra.
El periodista Benjamín Torres Gotay en artículo de El Nuevo Día con fecha del 22 de marzo del año en curso presenta las mismas objeciones y otras más. En el octavo párrafo expuso lo siguiente: «Por ejemplo obligaría a que en Puerto Rico, donde todos sabemos la escasez de médicos que hay, esté presente durante el aborto un segundo galeno que pueda tomar bajo su cuidado y atención inmediata al concebido después de este mantenerse vivo independiente de la madre durante dicho procedimiento.»
Este requisito de la presencia de un segundo médico hace del proyecto uno particularmente peligroso para la mujer porque la única circunstancia en que se permite la terminación del embarazo es que la vida de la embarazada esté en grave peligro. Igualmente denuncia Benjamín Torres Gotay que el proyecto «no provee excepciones para embarazos producto de abuso sexual en ninguna de sus espantosas modalidades» una de las cuales es la violación incestuosa. La sexóloga Alice Pérez refiere en una transmisión en vivo publicada en sus redes sociales que ha tenido estos casos en su oficina. https://fb.watch/ceJzcvJFhu/
La Dra. Alice Pérez llevó a cabo un conversatorio sobre el proyecto con las juristas Esther Vicente y Yanira Reyes. La primera hizo un recorrido histórico sobre el costo que ha tenido la lucha por los derechos de la mujer a través de los siglos, comenzando por el derecho al voto y ha calificado este proyecto como un retroceso en materia de derechos civiles, pues cada vez que el movimiento en defensa de las mujeres se fortalece, dice ella; el Patriarcado se reinventa para intentar echar hacia atrás las conquistas logradas.
La Profesora Yanira Reyes explicó las disposiciones del caso Planned Parenthood vs. Casey del Tribunal Supremo, el más invocado por los gestores y defensores del proyecto 693, como el Lcdo. Juan Manuel Frontera Grau, asesor legislativo de la senadora Joanne Rodríguez Veve (véase artículo publicado en Microjuris.com el 5 de abril del 2022 (https://aldia.microjuris.com/2022/03/29/comision-senatorial-aprueba-informe-positivo-de-proyecto-que-prohibiria-el-aborto/ ). La decisión del caso establece que previo a la viabilidad los estados y territorios no pueden establecer límites que impongan una carga indebida o un obstáculo en el derecho de las mujeres a controlar su reproducción y decidir si terminar o no su embarazo. Después del período de viabilidad los estados y territorios podrían (enfatizó que no es una obligación) fijar límites siempre y cuando se proteja la vida y la salud de la madre. Este caso de 1992 ya no habla de trimestres como Roe vs. Wades de 1973 porque la tecnología ha modificado las posibilidades de sobrevivir fuera del útero, no obstante reafirma el derecho a elegir amparado en la intimidad de la mujer y en que el momento de la viabilidad no es uniforme en todos los casos sino un asunto de criterio médico.
La Lcda. Eva Prados en una publicación en las redes sociales con fecha del 6 de abril del 2022 ha dado diversos ejemplos de situaciones que el proyecto no toma en cuenta, y comienza diciendo: «La pregunta no puede ser si se realizan o no abortos luego de las 22 semanas sino el por qué.» La abogada habla del posible caso de que un sonograma de semana 20 muestre deficiencia en el crecimiento de la masa encefálica y en la semana 25 se confirme microcefalia secundaria a un síndrome viral. El proyecto le quita a la mujer «la capacidad de decidir si asume la maternidad ante un cuadro clínico incompatible con la calidad de vida y sin los medios económicos para sufragar de uno a seis millones de dólares anuales el costo de las atenciones médicas que ningún plan médico cubre». También destaca que «según médicos expertos en Salud pre-natal hay condiciones genéticas, infecciosas y ambientales que pueden provocar afecciones al feto que impiden su viabilidad (capacidad de sobrevivir fuera del útero) y que son detectadas, confirmadas o identificadas luego de las 22 semanas». Por eso en el artículo previamente citado Benjamín Torres Gotay expone la conclusión de que «este proyecto fue hilvanado por políticos sin mucho criterio médico o científico en mente».
De aprobarse el proyecto de Ley 693, se multiplicarán los abortos de forma ilegal y serán las mujeres de menos recursos las que pagarán las consecuencias, pues las ricas quedarían fuera del castigo porque podrían tomar un avión y abortar donde fuera legal: «Salvemos las dos vidas» pierde sentido porque en las condiciones insalubres de tales abortos, casi nunca se salvan ninguna de las dos.
El Movimiento Victoria Ciudadana en su programa de Gobierno, en las páginas 47 y 48 indica favorecer la despenalización de la práctica del aborto según se reclama en el Código Penal de Puerto Rico y que la manera efectiva de reducir la incidencia de abortos es con Educación Sexual y acceso a métodos anticonceptivos para que las personas conozcan cómo prevenir estos embarazos y tengan las herramientas para hacerlo. Lo que se pretende es prevenir embarazos no deseados, abortos clandestinos en condiciones no salubristas y la no criminalización a las mujeres que optan por ello.
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