Representante Mariana Nogales Molinelli denuncia posible crimen ambiental
Claridad, 26 de abril, 2023
Si se llega a concretar la construcción de la extensión de la llamada Carretera 10, de Utuado a Adjuntas por parte de familiares del gobernador Pierluisi se causará un serio daño ambiental, expresó en conferencia de prensa la Representante Nogales Molinelli. Señaló que el tramo de apenas 7.5 kilómetros costará unos $552 millones de los cuales $540.7 millones provienen de fondos vinculados al huracán María con la aparente autorización de HUD que no tiene que ver con carreteras. Nogales Molinelli indicó que un estudio de costo y beneficio no dice cómo se afectarían las fuentes de agua que nutren desde el Río Grande de Arecibo y las quebradas tributarias a la gente que se sirve del super acueducto para el agua que reciben en sus hogares.
Además, el proyecto que consta de 24 puentes con 75 tramos tendrá consecuencias nocivas para la vida silvestre, la belleza natural, los recursos de agua, la boa puertorriqueña, el guaraguao de bosque, la cotorra puertorriqueña, falcón de sierra, entre otras especies y arboles endémicos, y otros. Por último, advirtió sobre los posibles intereses privatizadores involucrados, tanto para hacer de la carretera una que requiera pago de peaje, como su futuro uso como vía que facilite el transporte de la explotación de minerales valiosos que contiene la región.
Indicó que según documento del Servicio Geológico de Estados Unidos se llevan a cabo estudios en el área para catalogar y registrar la existencia de recursos minerales críticos e hidrocarburos, importantes para las necesidades industriales de hoy y del futuro. Recalcó que la construcción de este tramo de carretera y la conversión a expreso facilitaría el tráfico de camiones y la destrucción de la cordillera central, uno de nuestros más grandes tesoros en belleza, disfrute del pueblo puertorriqueño y para el turismo tanto interno como externo.
Naysha Zamira Padró. Noticel 18 de abril
El MVC apoya el Proyecto de la Cámara 1676 (P. de la C. 1676) que propone enmiendas a la Ley 222-2011, conocida como la “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Públicas”, el cual impone mayores limitaciones para el financiamiento de campañas políticas. En ponencia que presentara ante la Comisión para el Estudio y Evaluación del Derecho Constitucional Puertorriqueño de la Cámara de Representantes, el contralor electoral de la Oficina del Contralor Electoral (OCE), Walter Vélez Martínez, exhortó a la Comisión a brindar prioridad al trámite del proyecto como parte de los esfuerzos trazados durante el año preelectoral por combatir la corrupción.
Entre las medidas recomendadas se establece un límite anual de doscientos cincuenta (250.00) dólares al dinero en efectivo que puede una persona donar a un aspirante,
candidato, comité o partido político. Esta enmienda incluye los giros, cheques de gerente o de viajero; se requiere a los comités políticos que mantengan récords con la identidad de sus recaudadores, y que cada donativo se pueda atar con su recaudado; impone responsabilidad penal a personas que provean información falsa sobre donativos y gastos al tesorero o cualquier personal autorizado en los comités regulados por la Ley 222 y la OCE.
La comisionada electoral, Vanessa Santo Domingo, del Partido Nuevo Progresista (PNP), que sería el más afectado por la medida, planteó que no puede endosar el proyecto alegando que podría ser contrario a la jurisprudencia aplicable y que se presta para la cohibición e intimidación del ciudadano para no donar a una campaña al inquirir sobre información adicional que inclusive no está directamente relacionada con su expresión política.
Por su parte, la comisionada electoral del MVC, Lillian Aponte, respaldó la aprobación de la medida, sujeta a enmiendas que lo doten de estrategias adicionales de financiamiento público que reduzcan la posibilidad del inversionismo político en las campañas electorales. Indicó que ello es necesario para reducir al mínimo la posibilidad de la corrupción quid pro quo (el toma y dame) y aumentar los requisitos que garanticen que no haya coordinación en los gastos independientes.
Proyecto del MVC en contra de despidos sin notificación previa de causa
Microjuris aldia.com, 14 abril 2023
La representación del MVC José B. Márquez y Mariana Nogales Molinelli, radicaron el Proyecto de la Cámara 1687 para enmendar la Ley Núm. 80-1976, conocida como Ley Sobre Despidos Injustificados, con el objetivo de establecer como requisito que los patronos en la empresa privada articulen por escrito las razones para el despido, ya sea de forma electrónica o personal, al mismo tiempo que se notifica el despido a la persona empleada. La legislación vigente dificulta su capacidad para impugnar la acción en los tribunales pues permite a los patronos desarrollar justificaciones posteriores para defenderse en caso de litigio.
A menudo las personas conocen las razones de su despido por primera vez cuando el patrono presenta sus alegaciones ante el tribunal. Esto crea problemas tanto para las personas empleadas como para los patronos, ya que puede resultar en demandas que podrían haberse evitado si las personas empleadas hubieran conocido las razones de su despido desde el principio.
Naysha Zamira Padró. Noticel 30 de marzo, 2023
“Me parece un desastre, y me parece que el gobernador debió haber defendido a su propia nominada”, declaró la Senadora Rivera Lassén. Además, de parte de la delegación de su partido (PNP) no hubo esfuerzo alguno por defender su nombramiento, al contrario, lo boicotearon, a pesar de que ella cumplía con todos los requisitos. “Parece que hay una gente que tiene una obsesión con temas que tengan que ver con género y realmente no les importa la equidad, sino sus obsesiones” y añadió que la consecuencia de esta movida del gobernador será el que la OPM regrese a su estatus anterior de “no funcionar como debería funcionar”. “Tenemos una Oficina inoperante, y parece que él prefiere que siga inoperante. Si prefieren que la Oficina siga inoperante, es porque no quieren que haya cumplimiento de las políticas públicas, porque les parecen malas palabras hablar de equidad de género”, afirmó la Senadora.
Como muestra de las probables razones ocultas del retiro del nombramiento que no contaba con los votos del PNP y el PPD para ser aprobado pueden citarse las expresiones de la senadora del Partido Popular Democrático (PPD) Ada García Montes. Ella indicó a NotiCel que aún no estaba clara sobre si apoyaba o no el nombramiento de Rivera Sierra, ya que en su Distrito de Mayagüez y Aguadilla personas expresaron “tener reservas con su nombramiento”. Por lo que escuché en mi Distrito, yo hubiese tenido que votar en contra.
