Estados Unidos criticó hace poco tiempo, enfáticamente, el plebiscito organizado por Rusia en las regiones del Donbass en Ucrania. Su argumento central fue que no hubo ejercicio válido del derecho a la autodeterminación de los votantes de esa región conforme al derecho internacional debido al control y la presencia de las fuerzas militares de la nación más grande rusa.
La guerra ruso ucraniana (OTAN), acontece ante una invasión militar de una potencia nacional más grande a una nación más pequeña y la participación activa de apoyo a Ucrania del conglomerado militar de estados que conforman la OTAN. La proclama del gobierno de Ucrania de querer ingresar a la OTAN y que constituiría un avance de las fronteras de Europa a la colindancia con Rusia desató la invasión. Una postura neutral de Ucrania frente a la OTAN la hubiera evitado y sea quizás el elemento más importante para una arreglo de paz.
Toda guerra, como todo fenómeno humano, es un proceso. Y en esta guerra todo tiende a indicar que más que conflicto regional se desarrolla cada vez más como guerra mundial por la cantidad de países involucrados.
Es muy complejo este fenómeno de guerra. Por un lado opino que todo luchador independentista debe repudiar la invasión del estado de la nación más grande rusa a la más pequeña Ucrania. La inmensa mayoría de los países de la ONU han condenado recientemente la invasión por Rusia. Por otro lado se amerita la condena también de las potencias occidentales (OTAN) que azuzan y apoyan la continuación de la guerra .
En ese contexto el caso colonial de Puerto Rico constituye un problema geopolítico para los Estados Unidos. Vulnera la legitimidad de sus argumentos respecto al plebiscito en la región del Donbass. Es en esta coyuntura de crisis geopolítica internacional que se debería hacer evidente en la palestra mundial la situación colonial de Puerto Rico, mantenida por virtud de la invasión de Estados Unidos en 1898, el infame Tratado de París y la presencia de todo su andamiaje militar, político, legal, cultural y económico.
Exige el derecho imperativo internacional contemporáneo que toda dominación colonial tiene que terminar en el planeta. Toda nación goza del derecho pleno, libre, irrenunciable, imprescriptible a la más plena independencia nacional.
El proyecto de ley 8393 aprobado por la Cámara de Representantes federal, para ordenar un plebiscito entre tres fórmulas de estatus, promueve un proceso que abre la discusión y puede ser utilizado como caja de resonancia educativa. Pero en el fondo es un procedimiento colonial y constituye un intento de lavado de cara al gobierno de Estados Unidos. Pero no lavará nada. Y no es risible pensar que lo dejen en el limbo ante la crisis de guerra ruso ucraniana.
El sucio colonial no se quita con procesos plebiscitarios controlados por la metrópolis, según arguye y reconoce el gobierno de Estados Unidos frente al plebiscito en la región del Donbass. La presencia e impacto de todo el andamiaje militar, económico, ideológico, cultural y político de Estados Unidos en Puerto Rico ha acontecido durante 124 años y continúa incólume. Con una deuda odiosa colonial impagable por la población colonizada, que ha sido el resultado del proceso de explotación del enclave colonial, que se impone a la población colonizada con una Junta de Control foránea, impuesta por el poder invasor y que ha favorecido a los acreedores. Deuda que niega la libertad económica a los puertorriqueños, que hace inviable la plena independencia nacional, y cualquier otro arreglo colonial, y que troncha el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales y los recursos naturales y riquezas nacionales.
El proceso de descolonización de la nación puertorriqueña es prerrogativa de la nación puertorriqueña y obligación del gobierno de Estados Unidos. Debe partir y ser controlado desde esta orilla. En adecuada y pacífica negociación con el gobierno de los Estados Unidos, mediante su órgano supremo, en completa libertad: la asamblea nacional de delgados puertorriqueña, soberana, constituyente, solvente e independiente.
Debemos aspirar a la libertad en una relación pacífica, amistosa mutuamente beneficiosa entre el pueblo norteamericano y el pueblo puertorriqueño. Y conforme al derecho imperativo internacional Estados Unidos tiene que reparar agravios, pagar por los daños causados por su colonialismo, asumir la deuda odiosa colonial con los acreedores, y que comprende un periodo de transición ordenado en el que se instrumenten esas reparaciones.
Ya lo reconoció el gobierno de Estados Unidos con sus argumentos frente el plebiscito en la región del Donbass. Para un proceso de descolonización válido tienen que estar fuera del territorio nacional las fuerzas de ocupación y andamiaje de dominación del estado invasor. Hay que garantizar las condiciones de libertad verdadera, libertad económica sin las cadenas de una deuda colonial, con un proceso de autodeterminación verdadero, de garantía al consentimiento informado y libre. Mientras todo esto no se garantice a la nación puertorriqueña, cualquier proceso plebiscitario para pretendidos cambios en el estatus será radicalmente nulo, estará sujeto a impugnaciones, incluido este federal que se considera en estos tiempos. Como radicalmente nulo es el origen de la dominación colonial en Puerto Rico y todas las leyes federales: el Tratado de París de 1899.
José Nicolás Medina Fuentes es abogado, profesor, escritor de múltiples ensayos, de los libros La Deuda Odiosa y la descolonización de Puerto Rico (Publicaciones Librepensador, 2018) y Enhebrar las Cuentas: Escritos Contemporáneos sobre Puerto Rico (Publicaciones Gaviota, 2022), egresado de Harvard, Magna Cum Laude (1987).
