Dimensiones de la relación colonial sobre la mesa en Washington

Por Javier Smith Torres || Red de Descolonización

Introducción: Debate sobre el mecanismo para atender la relación política-constitucional

El pasado 15 de marzo varias organizaciones de la diáspora boricua y aliadas manifestaron su respaldo al H.R. 2070 de Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez con un combativo toque de bomba y varios mensajes frente a la oficina distrital del congresista Steny Hoyer en Maryland. El segundo en rango del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes estadounidense lleva desde finales del año pasado promoviendo una llamada medida de consenso entre figuras políticas que apoyan uno de los dos proyectos bajo consideración¹. Hoyer, quien respalda el H.R. 1522 que está en competencia directa con el 2070, reconoce que su proyecto no sería aprobado en el congreso, mientras que, por su poder en el Comité de Recursos Naturales, se ha convertido en un tranque para que la medida de Velázquez² llegue al pleno, donde ella tiene más influencia.

Los detalles del proyecto que trabaja siguen ocultos, pero las conversaciones continúan y Hoyer aspira a lograr el «consenso» para finales de abril³. Por su parte, las organizaciones que se manifestaron frente a su oficina exigieron sacar las discusiones de los cuartos oscuros⁴ y declararon que el proyecto de consenso ya existe y es el H.R. 2070, puesto que permite que todas las perspectivas del debate se diluciden en una misma mesa⁵.

La importancia fundamental del H.R. 2070 es que le reconoce al Pueblo de Puerto Rico su derecho a autoconvocarse para negociar la relación no colonial que desea tener con EE. UU. Asimismo, respondería a esa auto convocatoria con el establecimiento de una comisión congresional de negociación bilateral.

Mientras tanto, otros asuntos que enmarcan la relación también se han estado discutiendo en Washington y no han recibido la misma atención. Dos de éstos son la discusión rutinaria sobre los fondos para el Medicaid y el persistente problema de cómo «ubicar» a Puerto Rico para propósitos de las contribuciones de empresas estadounidenses que operan en Puerto Rico.

Implicaciones del debate sobre Medicaid

Como ha sido destacado por economistas⁶ e instituciones sin fines de lucro⁷, la falta de financiación en programas sociales en áreas como nutrición, vivienda y salud lleva a un racionamiento de los servicios y a descalificar, a través de límites de ingreso muy bajos, a personas que deberían, en justicia, ser elegibles. La amenaza de perder los beneficios si se reporta más ingreso convierte a estos programas en una trampa y desincentiva mover las gestiones económicas a la formalidad. El asunto se complica por el baile anual donde el congreso quita y restaura el financiamiento según los debates del momento.

Por ejemplo, a finales del 2021, el porcentaje que el gobierno estadounidense pagaría del programa de Salud Vital bajó de un 76% al porcentaje normal establecido en la sección 1905(b) de la Ley de Seguridad Social. El porcentaje de financiamiento (FMAP⁸) para Puerto Rico y otros territorios sería un 55% fijo, mientras que para los estados sería no menos de 50% y no más de 83%. La medida presupuestaria aprobada en marzo, que asigna $13,600 millones para asistencia militar a Ucrania, restauró el financiamiento al 76%⁹, pero expira en diciembre¹⁰.

Es evidente que la incertidumbre genera inestabilidad y dificulta, tanto la sostenibilidad fiscal como la planificación estratégica. La respuesta común es pedir «paridad»¹¹, pero falta una solución permanente¹² y esa solución está atada a la descolonización.

Una consideración esencial, desde luego, es la autonomía decisional de los estados y territorios que se debate desde que se fundó Estados Unidos. Tan reciente como enero, el Tribunal Supremo de EE. UU. falló en contra de varios estados que retaron el mandato federal de vacunación obligatoria a trabajadorxs de la salud. Aun estando de acuerdo con la vacunación contra la COVID-19, es un hecho inescapable que la soberanía estatal recibió un nuevo golpe, y fue debido precisamente al asunto del financiamiento federal¹³.

Además, a través de la experiencia de California con la propuesta de sistema de pagador único —propuesta que también promueve el Movimiento Victoria Ciudadana—, podemos ver que haría falta el mismo proceso de negociar exenciones¹⁴ para poder usar fondos federales en un sistema de salud universal. La realidad de Puerto Rico ha mostrado que esas negociaciones son susceptibles a los vaivenes políticos, están estrechamente ligadas a las proyecciones mediáticas individuales y partidistas, y añaden un nivel adicional de distanciamiento entre el pueblo y la administración pública.

Implicaciones del debate sobre las foráneas

Otra consideración importante en el caso del sistema de pagador único en California que también se ha debatido desde el origen de Estados Unidos es sobre a dónde deben ir los impuestos: ¿deben ir a los estados y territorios o deben ir al gobierno federal? Este año 2022 nos enfrenta con el actual ordenamiento constitucional estadounidense que favorece de manera decisiva al gobierno federal.

Las corporaciones le pagan al gobierno federal una contribución sobre el ingreso de 21%. En muchos otros países, la tasa es similar, como lo es el mecanismo que usan para evitar la doble tributación. Por regla general, a empresas domésticas con operaciones en el exterior le ofrecen créditos contributivos equivalentes a los impuestos que pagan en el país donde operan. Estos créditos contributivos se le restan directamente a lo que se paga en contribuciones. En Estados Unidos, esta política está dirigida a países extranjeros y territorios. En cambio, las contribuciones corporativas a nivel de los estados, que en promedio son de 6.1%, sin el crédito que actualmente reciben en Puerto Rico, cuentan como deducciones, lo que significa que se le restan al ingreso sujeto a contribuciones federales. (Nueva York, por ejemplo, impone un promedio de 6.8%; Massachusetts, 8.00%; Nueva Jersey, 8.6%; Delaware, 8.7; California, 8.84%; Illinois 9.5%; y Pensilvania, 9.99%.¹⁵) El beneficio para las empresas es significativamente menor.

En Puerto Rico el tema causa aún mayor inestabilidad por la política de la excepcionalidad e indefinición que fomenta el gobierno colonial. A partir de la ley 154 del 2010, las empresas extranjeras no residentes han estado pagando un arbitrio de 4% por la compra de bienes y servicios a sus filiales ubicadas en Puerto Rico. Pero el sistema es incompatible con la política del Tesoro Federal. Bajo la premisa de que era un impuesto temporero mientras nos movíamos a un sistema de contribuciones sobre ingreso, el Tesoro concedió que se podía acreditar. Tras extender el acuerdo año tras año, finalmente han sonado las alarmas¹⁶: comenzando en el 2023, ese 4% ya no será acreditable. Mover el sistema hacia una contribución sobre el ingreso uniforme con los estados, sin embargo, no solo tiene sus retos¹⁷, sino que sólo resolvería el problema de manera temporal. La solución más «permanente» pasa por la descolonización, el apoderamiento, y la mirada puntual a la dimensión fiscal de la relación colonial.

La discusión que tenemos de frente, centrada específicamente en las empresas de manufactura, también se da en medio de otra más amplio a nivel global sobre una tasa contributiva mínima que se ha acordado será de 15%.¹⁸. La justificación global para la medida es hacerle frente a la «carrera al abismo». En ella, algunos países como Puerto Rico compiten para ver quién puede cobrar menos impuestos a las empresas de propiedad foránea con el fin de incentivar que se establezcan en su jurisdicción. Esta carrera crea paraísos fiscales, aumenta el acaparamiento de la riqueza por las multinacionales y socava las fuentes de ingreso de los países.

Debido al establecimiento de la tasa mínima global, la «revisión cabal de la concesión de créditos fiscales» que propone el Movimiento Victoria Ciudadana en su Programa de Gobierno del 2020 es más posible que nunca. Otro acercamiento tiene que ver, precisamente, con retomar la pregunta histórica que da inicio a esta sección. Sin embargo, el presidente del senado, José Luis Dalmau pidió extender el crédito federal por un año adicional¹⁹, continuando el modelo de vivir en la parálisis de la excepcionalidad, mientras que «el gobernador, el secretario de Hacienda y la comisionada residente están trabajando para que Puerto Rico sea considerado como territorio»²⁰ a pesar de abogar por la asimilación de Puerto Rico como un estado más en otros aspectos.

Conclusión preliminar

Las curiosidades de este debate en específico muestran que las dimensiones concretas de nuestra relación con EE. UU. tienen supremacía sobre los «nombres» que le ponemos a nuestras preferencias. Reafirman la necesidad y oportunidad estratégica de primero contestar preguntas críticas, antes de sentarnos en una mesa de negociación con Estados Unidos y antes de desintegrarnos en bandos por preferencia. Por ejemplo, ¿cuál es el desarrollo económico que deseamos y cuáles herramientas necesitamos para lograrlo?

Desde la discusión sobre medidas para mover la relación constitucional formal entre Puerto Rico y EE. UU., hasta discusiones sobre la sostenibilidad de fondos federales, el desarrollo económico o el trato de Puerto Rico para efectos contributivos, el último mes ha traído mucha actividad en Washington. Sin duda nuestro trabajo principal es construir consensos sustantivos y procesales en Puerto Rico que nos permitan acercarnos a una negociación con fuerza y adelantar la descolonización desde ya. Además, queda claro que ciertos debates se han convertido en ceremonias anuales que nublan esa gran tarea. No obstante, debemos mantener ojos y oídos abiertos ante las dimensiones de la discusión que están sobre la mesa allá y que requerirán de posicionamientos que rompan con el statu quo acá.

Agradezco las noticias compartidas por Ángel Villarini que dieron pie a este escrito. Asimismo agradezco las sugerencias que hicieron los compañeros Ricardo Fuentes y Jorge Lefevre a versiones anteriores.

*21 de abril 2022: Se expande la discusión sobre las foráneas para (a) destacar la diferencia entre créditos y deducciones y (b) ilustrar mejor el problema del tipo de contribuciones impuestas con la Ley 154 del 2010. También se han actualizado las tasas contributivas de otras jurisdicciones que se usaron como ejemplo.

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