Autor: Israel Marrero, Red de Sindicatos y Colegiaciones del MVC
Este año la ley Promesa cumple cinco años de entrar en vigor y el balance de su implementación ha sido, sin lugar a dudas, ¡un desastre!
El proyecto que algunos vieron como la única salida a la crisis fiscal de Puerto Rico ha resultado peor que la enfermedad pues ha empobrecido a la gente, diezmado sus recursos, profundizado la desigualdad social y provocado la emigración masiva de buena parte de nuestra población.
En una inusual colaboración expedita entre Republicanos y Demócratas, aprobaron en junio de 2016 la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico cuyo acrónimo en inglés se lee como PROMESA, lo que ya enviaba un mensaje subliminal de engaños y eufemismos.
La prometida ley creó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que se autodenomina de “Supervisión y Administración Financiera” (que el pueblo, reconociéndola como agente de la austeridad y miseria del pueblo, la ha renombrado “Junta de Control Fiscal ”), comenzando así, desde su propio nombre, su larga estela medias verdades.
La Junta, no ocultó sin embargo su misión principal de imponer un régimen de recortes a los servicios públicos más esenciales como la educación, la salud, la seguridad, la energía y el agua potable. Todo, para redirigir fondos para el pago de la deuda que se negaron a auditar.
Las y los trabajadores de todo el sector público (nivel central, corporaciones públicas y municipios) se han visto especialmente afectados por las políticas de austeridad, destrucción y privatización.
Congelaron todas las plazas y los convenios colectivos en el servicio público (ya Fortuño había despedido decenas de miles de empleados) reduciendo las plantillas y por tanto empeorando los servicios a la ciudadanía.
Luego impusieron un acuerdo del pago de la deuda de COFINA que de un plumazo le significó ganancias millonarias a los fondos buitres y nos condenó al pago por más de 40 años de una deuda sin auditar y que sus propios estudios revelaron que buena parte era ilegal. Esa deuda la pagamos a diario todas y todos con el IVU, uno de los impuestos a las compras más alto del mundo.
Más recientemente, la Junta ha pretendido culminar su faena de empobrecimiento con la imposición de un Plan de Ajuste a la Deuda de Obligaciones Generales del gobierno.Primero acudieron al Tribunal Federal a impugnar la Ley de Retiro Digno que creaba política pública para proteger las pensiones y los servicios esenciales y comprometía tanto al poder Ejecutivo como el Legislativo a NO aprobar recortes a pensiones.
De un plumazo, una magistrada federal de categoría intermedia, derogó una ley que fue aprobada por UNANIMIDAD por la legislatura puertorriqueña con la más amplia representación ciudadana en décadas.
Despejado ese camino, la Junta tuvo que verse obligada a negociar con el liderato de la Cámara de Representantes y el Senado la habilitación de su Plan para poder presentarlo ante la corte de quiebras. Nuevamente, recurriendo a aguajes y juegos de palabras la Junta insiste en pagar sobre $12 mil millones de deuda que ellos mismos admiten que fue emitida en violación de la Constitución y leyes de Puerto Rico y pagar $25 mil millones de dólares de la deuda que se han negado a auditar.
Ese “arreglo”, dejará al país sin dinero para costear los servicios esenciales por décadas, pues es un acuerdo que durará más de 25 años, con el gobierno arruinado, obligando a más cierres, más despidos y más emigración al extranjero de nuestros hijos e hijas.
Pero la legislatura tiene la oportunidad de reivindicarse y negarse a ser cómplice de la Junta ejerciendo con firmeza su escasa autoridad, exigiendo mayores garantías para el desarrollo del país, particularmente protegiendo a los sectores más vulnerables.
El hilo conductor de esta breve historia de Promesa en su quinto aniversario es evidente: la subordinación colonial de Puerto Rico al poder absoluto del gobierno norteamericano.
Como señalara el fallecido juez federal Juan Torruellas, el “experimiento de Promesa” perpetúa una relación colonial asimétrica que viola los derechos humanos de los habitantes de la Isla y es la base de nuestro declive económico.
Por tanto, solo elevando el nivel de organización del pueblo podremos resistir el embate de la Ley Promesa y encaminar a nuestro país en ruta a la prosperidad, con justicia y libertad para las grandes mayorías.
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