José E. Muratti Toro
Desde el 1803 cuando el Partido Federalista Estadounidense impulsó la estadidad para el territorio de Ohio, hasta el 1959, en que la industria turística convenció al Congreso que le otorgase la Estadidad a Hawaii. Los tribunales catalogaron el cabildeo remunerado como un “mal cívico”, no legitimado por “derecho a peticionar” protegido por la Primera Enmienda.
Un cabildero es alguien que ha sido empleado para abogar por, e influenciar, un proceso gubernamental para favorecer a quienes contratan sus servicios. El cabildeo, se argumentó en el siglo XIX, contravenía las políticas públicas y los contratos de cabildeo. Atentaban contra la integridad de los legisladores, los propios cabilderos y la ciudadanía en general. Algunos estados aprobaron leyes que lo penalizaba, toda vez que el “derecho a peticionar” era individual y el Tribunal Supremo en 1880 determinó que no era un artículo «vendible».
En el 2020, había 11,524 cabilderos registrados en los Estados Unidos. Ese año, estos “invirtieron” $3.53 billones en influenciar a senadores y congresistas para apoyar sus respectivos negocios, de manera similar a las empresas de turismo en Hawaii, con una clara diferencia: Hawaii se convertiría en una piedra angular de las fuerzas navales en el Pacífico, ante su anticipada rivalidad con China.
La influencia de las principales 10 entidades* y cientos de otras determinan tanto la legislación que protege a los consumidores hasta los precios que se paga por productos y servicios. Una de las principales estrategias del cabildeo es el famoso “quid pro quo”, en que un sector accede a unas restricciones a cambio de unas libertades que limitarían sus intereses o propósitos.
En 1996, el PNP acudió al Congreso a ofrecer la derogación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal para demostrar la disposición a perder sus beneficios y que se gravase a la industria farmacéutica en igualdad de condiciones a los 50 estados, a cambio de la estadidad.
Otra serie de ofertas complementarían la pérdida del mayor ingreso del fisco de los 20 años anteriores. En el 1998, el gobierno vendió la Telefónica; en el 2002 las Navieras; en el 2003 las instalaciones hospitalarias, transfiriendo esos lucrativos negocios al sector privado. La intención era favorecer a estos intereses, aumentar el desempleo, endeudar el fisco y crear una crisis financiera que dejase al gobierno insular sin recursos propios e incrementar su dependencia económica de los EEUU. Como resultado, el gobierno federal intervendría para supervisar y administrar las finanzas de la isla, deslegitimando las prerrogativas de auto-gobierno del ELA y justificando que se desmantelase y sustituyese. Ante la incertidumbre, el electorado votaría masivamente a favor de la estadidad “obligando” a los EEUU a concederla.
El pasado 16 de mayo, 104,700, de 2,303,672 electores hábiles, eligieron a Melinda Romero y Zoraida Buxó como cabilderas a favor de la estadidad en el Senado y a Ricardo Rosselló, Mayita Meléndez, Roberto Lefranc y Elizabeth Torres, para hacer lo propio en la Cámara. Ricardo Rosselló aceptó la nominación incumpliendo con el requisito de residencia al utilizar una propiedad que vendió en el 2017, por lo que se anticipa que perderá dicho puesto en los tribunales.
Pero tal vez, lo más sorprendente de este proceso es el asombroso desconocimiento del PNP de la cultura política de los EEUU. Durante los pasados 4 años el Partido Republicano se ha distanciado radicalmente de la ciudadanía no-blanca. Aunque el 86% de nosotros insistiésemos en el pasado Censo que somos “blancos”, ante la mayoría en los EEUU, no lo somos. Veintiséis estados tienen legislaturas Republicanas. Las posibilidades de que sus representantes ante el Congreso, que han redactado sobre 300 proyectos de ley para coartar el voto minoritario, estén dispuestos a concedernos dos senadores y 6 o 7 congresistas es casi imposible de vislumbrar.
