Por Ángel R. Villarini Jusino
Contexto histórico
Cuatro acontecimiento en los pasados 25 y pico de años han hecho clara la naturaleza colonial del Estado Libre Asociado, su falta de autonomía, las consecuencias nefastas que tiene para nuestro país y la necesidad de que el PPD se vea obligado a dar prioridad a lo que en su propuesta de gobierno del 2020 llamó el asunto “importante pero no urgente”, el tema del estatus:
- Sin medidas equivalentes de sustitución y sin importar las consecuencias que ello tendría para PR, solamente pensando en cómo se beneficiaría el fisco norteamericano, el Congreso de los EU, con el apoyo del gobierno de PR (PNP), eliminó una de las principales herramientas económicas de los pasados 40 años del ELA, la Sección 936. Con ello quedó claro el Congreso del EU no hará nada que tenga un impacto negativo en el fisco federal u otorgue beneficios a la isla que no están disponibles para los estados.
- Las decisiones del Tribunal Supremo en los casos de Sánchez Valle y de Aurelius, han demostrado que el ELA carece de autonomía pues está sujeto a una cláusula territorial que establece la plena soberanía del Congreso y que, por tanto, PR sólo tiene los poderes que el Congreso decida delegarle.
- Consecuencia de esos poderes plenarios es la aprobación de la ley PROMESA que crea e impone un organismo al interior de nuestro gobierno que, en la práctica, pasa, a controlar nuestro fisco, mediante funcionarios que al no ser electos por nosotros no representan nuestros intereses.
- A lo anterior hay que añadir que, en el Congreso de los EU, se gestionan dos proyecto para atender la situación colonial de los cuales ha quedado excluido el ELA. Por un lado, la iniciativa estratégica del sector estadista mediante una delegación que busca promover en el Congreso y en el gobierno federal el que se nos admita como estado. Por otro lado, el proyecto de ley congresional de Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez que propone una Asamblea Constitucional de Estatus para determinar el futuro político de Puerto Rico.
En el 2010 la Junta de Gobierno del PPD aprobó por mayoría de 14 a 4 una resolución de rechazo a los pactos de libre asociación por considerar que “no son compatibles con la realidad de Puerto Rico”. La postura del PPD, según la mayoría de la Junta debe enmarcarse en la Resolución 2625 de la ONU, que establece cuatro alternativas válidas para el desarrollo de una relación entre dos naciones: anexión, independencia, libre asociación y una condición política libremente decidida por ambos pueblos en común acuerdo. A esto último, desde entonces apuestan los estadolibristas, reafirmando la tesis, esgrimida por el PPD por los pasados 70 años, sin resultado alguno, de mantener el estado colonial territorial, pero buscando mayores poderes autonómicos para el ELA.
Bajo la presión del sector soberanista (libre asociacionista), de cara a las elecciones del 2020, esta postura se modificó en algo, tanto en el ámbito procesal como sustantivo. En armonía con lo decretado por la Asamblea General del PPD del 18 de octubre de 2020, en el programa de gobierno que le presentaron al país, se comprometieron con:
- Favorecer “el proceso de una asamblea de estatus y ese será el proceso que promoveremos.”
- “Transformar al Estado Libre Asociado hacia una nueva dimensión política y jurídica de excelencia que fortalezca nuestros lazos económicos y sociales con los Estados Unidos, que garanticen nuestra ciudadanía americana por nacimiento y que también proteja nuestra identidad cultural.”
- “Comenzar un diálogo interno institucional para una propuesta de transformación del Estado Libre Asociado a ser presentado ante el Gobierno Federal, la cual impulsará un nuevo modelo de asociación política basado en la voluntad del pueblo, a través del voto, y cuya relación futura sea claramente no colonial y no esté sujeta a los poderes plenarios del Congreso bajo la clausura territorial.”
- “Nombrar a un comité permanente para que escuche el sentir de los afiliados del PPD y desarrollen una propuesta de transformación del Estado Libre Asociado no colonial y no territorial con presencia internacional que sea consistente con nuestra relación permanente con los Estados Unidos, incluyendo la ciudadanía americana por nacimiento.”
Esta postura, salvo el compromiso con la asamblea de estatus, fue reafirmada el 21 de marzo de 2021 por unanimidad de la Junta de Gobierno del PPD al declarar que apoyarán “un nuevo modelo de asociación política basado en la voluntad del pueblo” que “no sea colonial ni sujeto a los poderes del Congreso.” En lo acordado se establece que el proceso será bilateral y vinculante para Puerto Rico y los Estados Unidos. Acordaron, además, insertarse en la discusión del proyecto radicado por las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez para que se incluya el ELA culminado.
Lo que busca la convocatoria de Dalmau
En este contexto, el presidente del Senado de PR y del PPD, José Luis Dalmau Santiago, ha convocado a los líderes de los partidos políticos a una mesa de diálogo que tendrá como objetivo discutir y actuar sobre cinco asuntos fundamentales que sienten bases para solucionar el tema del estatus:
- Identificar un mecanismo procesal que vincule al Congreso y permita proponer cursos de acción que atiendan efectivamente el asunto del estatus político, ya sea a través de legislación congresional o de iniciativas que se legislen desde Puerto Rico.
- Crear un comité de negociación con el gobierno federal y cuyos miembros serían escogidos por los partidos políticos.
- La redacción de fórmulas de status “realistas y validadas” por el Congreso y el Departamento de Justicia Federal.
- Las opciones serían la estadidad, la independencia y “la autonomía política, que se recoge en el desarrollo pleno del Estado Libre Asociado.”
- Que la mesa de diálogo ordene la realización de estudios de impacto económico de cada fórmula y posibles procesos de transición.
De estos cinco asuntos los verdaderamente importantes para el PPD que dirige Dalmau son el 3 y 4. Sus comentarios han hecho claro que van dirigidos a que los convocados apoyen al ELA como alternativa legítima de descolonización. De aquí que haya declarado que “Cualquier propuesta que pretenda excluir la opción del ELA de cualquier papeleta no tendrá posibilidad alguna de realizarse porque la Asamblea Legislativa que controla el PPD no habrá de aprobar una medida local lo que haría inoficiosa cualquier legislación federal. Sin el ELA en la papeleta, no hay consulta, punto”.
¿Qué voluntad genuina de diálogo puede haber en Dalmau cuando sabe que lo propuesto no es aceptable para los Estados Unidos ni para los convocados?
Lo que aparentemente se pretende con esta convocatoria es organizar un instrumento de presión de todos los partidos a favor de la inclusión del ELA “culminado” en el proyecto de Velázquez y Ocasio Cortez y, con ello, hacia el Departamento de Justicia y el Congreso de los EU. Por ello, Dalmau solicitó que la Comisión de Recursos de la Cámara Federal posponga cualquier decisión en una sesión de trabajo, conocida como “markup session”, hasta tanto se presenten enmiendas al proyecto Velázquez-Ocasio Cortez que atiendan los reclamos del PPD. En caso de que los partidos de oposición no acepten lo que propone, Dalmau tendrá como excusa para no actuar sobre el tema, la falta de colaboración de ellos. Por otro lado, si los partidos de oposición decidieran por razones estratégicas incluir el ELA “culminado” y los EU no aceptaran, también tendrá la excusa para perpetuar la colonia, que es probablemente lo que tanto él como los EU quieren.
La postura del MVC ante la convocatoria
En espíritu de verdadero diálogo, de promover la unidad en la diversidad, en defensa del interés común de superar nuestra situación colonial, el Movimiento Victoria Ciudadana ha aceptado participar en esta convocatoria. Lo hace advirtiendo, como lo expreso nuestro Coordinador general, Manuel Natal, en carta dirigida al senador Dalmau, que: “una propuesta como la contenida en su invitación podría conllevar el riesgo de condenar, una vez más, la descolonización de Puerto Rico a la inmovilidad y el empantanamiento al que nos han llevado el monopolio de los partidos políticos y la falacia de las “ideologías de status.”
Como lo señala Natal en su comunicación, “Victoria Ciudadana está comprometida con los esfuerzos de desarrollar un mecanismo inclusivo, democrático y transparente para resolver esta relación que hoy limita severamente las posibilidades de desarrollo de Puerto Rico.” Al respecto, como él lo indica: “El objetivo principal de la Mesa de Diálogo debe ser el desarrollo del mecanismo procesal que atenderá “de forma inclusiva y ordenada” algunas de las tareas propuestas en su comunicación. Victoria Ciudadana propone que éste sea una Asamblea Constitucional de Estatus.”
