La respetada Catedrática del Departamento de Economía, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Puerto Rico, Dra. Alicia Rodríguez Castro, acaba de publicar una investigación sin precedentes, sobre el despilfarro de los fondos públicos y la corrupción en Puerto Rico.
Según ella: «Las diferentes concepciones del mal uso de los fondos y la propiedad pública, constituyen un acto de corrupción, que no está bien delineado en la discusión sobre el tema.» Su estudio hace referencia al costo del mal uso de los fondos públicos en Puerto Rico, que contrastan con otras cifras que no son reales, pues dichas referencias se dan en los debates político-partidistas, sin evidencia.
La investigación se concentra en las pérdidas de fondos y propiedad pública para los años fiscales 2000- 01 al 2007-08, por causal de pérdida y por tipo de bien. Se hace énfasis en el costo estimado de las pérdidas por concepto de «apropiación y desaparición», que pudieran atribuirse al mal uso de los fondos y propiedad pública para las agencias, departamentos, corporaciones públicas, municipios y consorcios.
«De un costo estimado anual de $2.4 millones de dólares a precios del 2008 por concepto de pérdidas de equipo, el 53 por ciento, $1.3 millones de dólares, se puede atribuir a un posible acto de corrupción ya sea por la causal de apropiación o por la desaparición de fondos y propiedad y pública,» acotó al resumir su trabajo de investigación. «Aunque ambas causales no se perciben generalmente. La manera como ocurre la acción y el hecho de que en la mayoría de los casos no sean informados puede enmarcarse dentro del concepto de corrupción menor, alertando de un fenómeno de corrupción ya institucionalizado en los gobiernos PNP- PPD, por décadas.
Además, se estimaron los Índices de Incidencias de «Propiedad Perdida» por Agencia, por Municipio y por consorcio ajustadas por el número de empleados y se identificaron las agencias, departamentos, corporaciones públicas y municipios que con mayor frecuencia han incurrido en dicha práctica, así como el tipo más común de «propiedad pública perdida.»
Por otro lado, en el 2019, ya el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), había denunciado públicamente:
«Que detrás de las conversaciones del chat de Telegram entre el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, y algunos de sus colaboradores más cercanos se esconde una red multimillonaria de corrupción.»
Además, que «en medio de la peor crisis fiscal de su historia moderna, la isla es objeto de un saqueo de fondos públicos perpetrado, por medio de venta de influencias, contrataciones y obtención de beneficios en el Gobierno.» Mientras tanto, hace sólo unos días, el «Observatorio de la Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Universidad Católica, «concluyó sobre este tema de manera dramática:
«La corrupción, en dos décadas, le ha costado a Puerto Rico más de $7,000 millones de dólares, debido a medidas que han sido el caldo de cultivo para des institucionalizar el país, con una gobernanza a merced del corrosivo partidismo de las organizaciones políticas dominantes, que son la raíz del problema que se está observando».
