Por: Javier Córdova || Vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU)
La Universidad de Puerto Rico ha sido atacada en los pasados años como nunca antes en su historia. Su presupuesto ha sido reducido a la mitad desde el 2017, con la llegada del gobierno de Ricardo Rosselló y la Junta de Control Fiscal (JCF). Desde el 2013, bajo el gobierno de García Padilla y el PPD, se violentó la fórmula de asignación presupuestaria a la UPR mediante su congelación. La UPR debe recibir, según dispone la Ley 2 de 1966, enmendada en varias ocasiones, el 9.6% del ingreso promedio del estado al fondo general de los pasados dos años. En el 2013, dicha fórmula se eliminó y en su lugar se congeló el presupuesto a lo que se recibió el año anterior. Quiere decir que se dejó de aplicar la fórmula y en su lugar se recibió desde 2013 al 2017 la misma cantidad de presupuesto, a pesar de que los fondos del estado aumentaron durante esos años. A partir del 2017, con la implementación de los planes de la JCF, esa cantidad se redujo prácticamente a la mitad.
Los efectos de dicho recorte unilateral y arbitrario a la UPR han sido devastadores. En agosto de 2022, ya habrá aumentado en más de un 150% el costo de matrícula a estudiantes. Se han eliminado exenciones, cada vez hay menos estudiantes, cursos y docentes. Prácticamente se han eliminado fondos de mejoramiento profesional, se ha aumentado la carga a docentes y no docentes, y aumenta cada día el personal sin plaza. Ya la mitad de todos los docentes del Sistema de la UPR son docentes sin plaza, muchos de ellos a tarea parcial, con salarios de pobreza y sin ningún tipo de seguridad de empleo ni beneficios como retiro y plan médico. Sigue bajo ataque el Sistema de Retiro de empleadas y empleados. Se deteriora cada vez más la infraestructura de la institución.
Todo ello tiene consecuencias graves sobre la capacidad de la UPR de cumplir con su misión social, la cual es fundamental para el desarrollo económico, social y cultural del país. La complicidad del Gobierno de Puerto Rico, tanto del PNP y del PPD, como de la Junta de Gobierno y la Presidencia de la UPR con la Junta de Control Fiscal para desmantelar la Universidad han sido evidentes. Hay que destacar que toda la reducción presupuestaria de la UPR ha sido aprobada por Cámara y Senado y firmada por el Gobernador o Gobernadora de turno.
En el 2018 la Middle States Association estuvo a un paso de eliminar la acreditación a los once recintos de la UPR, colocándolos a todos ellos bajo la cláusula de mostrar causa (“show cause”) por la cual no debería hacerlo. Cada recinto tuvo que mostrar un plan a la agencia acreditada de cómo desplazaría sus miles de estudiantes ya admitidos a distintas instituciones del país y fuera del país para que pudieran completar sus programas académicos.
Hoy nuevamente la Middle States amenaza al Recinto de Ciencias Médicas con la posible pérdida de acreditación. Las razones siempre han sido las mismas: incapacidad de la UPR de dar apoyo institucional y financiero a los programas académicos. La pérdida de la acreditación por parte de la Middle States implicaría el cierre de la UPR. No es cuestión de tener un miedo infundado de perder el principal centro educativo de educación superior del país. En el 2021 el programa de Neurocirugía del Recinto de Ciencias Médicas perdió su acreditación. Como consecuencia, Puerto Rico tendrá que esperar, en el mejor de los casos, unos 10 años para volver a graduar un neurocirujano en la isla.
El Plan de Ajuste de la Deuda aprobado recientemente por la JCF, con el apoyo de ambos partidos PNP y PPD, conlleva nuevos recortes a la UPR. La asignación fija de $500 millones a la UPR incluye ciertas partidas que la UPR recibía adicionales a lo que recibía del fondo general, por lo cual a la institución se le asignará un presupuesto menor en los próximos años. Ya incluso la Oficina de Transformación Institucional (OTI), gobierno paralelo de la JCF en la UPR, ha planteado en su presupuesto la reducción de nómina en la UPR. La Junta de Gobierno rechazó dicha propuesta, pero en última instancia sabemos que la JCF puede imponer su criterio. No tenemos ninguna duda de que pretenden desmantelar la universidad pública del país y que continuaremos viendo la pérdida de acreditaciones a través de los once recintos.
Es necesario que exijamos la restitución de los fondos a la UPR. Es la única forma de garantizar la existencia de una UPR sólida, capaz de servir a las necesidades del pueblo puertorriqueño. Esta es la exigencia que ha mantenido consistente la comunidad universitaria, estudiantes, sectores docentes y no docentes. El Movimiento Victoria Ciudadana sometió, a través de sus legisladores y legisladoras municipales, proyectos de resolución en diversas Asamblea Municipales del país en favor de la restitución del presupuesto a la UPR. Algunas fueron aprobadas. Otras, sobre todo en Asambleas dominadas por el PNP, no fueron aprobadas. El Partido Independentista Puertorriqueño también sometió resoluciones en algunas Asambleas Municipales en favor de la UPR. Hay que seguir la lucha en defensa de la Universidad del Pueblo de Puerto Rico.
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