Por Marcia Rivera
Ayer jueves, 11 de marzo, en la sala del juez Anthony Cuevas del Tribunal Superior de San Juan comenzó la vista donde Manuel Natal está mostrando evidencia de su reclamo de fraude y del error de la Comisión Estatal de Elecciones en certificar a Miguel Romero como ganador de la alcaldía de San Juan. En la vista, el equipo legal de Natal ha hecho desfilar a testigos muy calificados que comenzaron dando cuenta del contexto general de falta de controles y de caos que reinó en CEE durante los comicios y el escrutinio. Como la vista ha sido trasmitida por Internet, hemos podido confirmar que la estrategia de la defensa de Romero es objetar tanto las preguntas del equipo de Natal como las contestaciones de los testigos. Con ¡objeción, señor juez! Pretenden que no se descubra la verdad sobre las miles de papeletas votadas que no se corresponden con las actas de votación, la frágil seguridad del material electoral que debió haber sido rigurosamente custodiado y muchísimas otras irregularidades que se verificaron en el proceso.
De estos primeros dos días resalto el hecho de que la CEE tiene su propio abogado, que como representante legal del bien público debería ser la parte más interesada en la pureza del sistema electoral. Además, ese equipo legal es pagado con fondos públicos; es decir, con nuestros aportes al fisco. Se debe al pueblo de Puerto Rico; pero al menos durante los pasados dos días, no hubo diferencia entre su actitud e intervenciones, con las que hicieran los abogados de Miguel Romero y del Partido Nuevo Progresista. Nunca pasaron más de tres o cuatro minutos sin que alguno de ellos reclamara ¡objeción! para evitar que alguna información fuera escuchada, no solo por el juez, sino por miles de personas que han tenido acceso a la vista por Internet.
Un segundo dato interesante es que los testigos de Natal, en su gran mayoría, han sido personas que no están ligadas al Movimiento Victoria Ciudadana, sino que son profesionales con bagajes políticos muy diversos y con vasta experiencia en temas electorales. El primer testigo en declarar fue el director de la Oficina de Estadísticas del Partido Popular Democrático (PPD), Hugo Cruz Cruz, quien sostuvo que eran tanto los errores cometidos en la Junta Administrativa de Voto Ausente y de Voto Adelantado (JAVA), que no podían ser cuantificados. La Asociación de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), en voz de dos peritos electorales que estuvieron como observadores de dicha institución durante el proceso electoral, dieron cuenta de la laxitud de la seguridad de las bóvedas de la CEE y del hecho de que solían estar abiertas en vez de cerradas con cinco candados como debió haber sido. Establecieron también que nadie vigilada las cámaras de seguridad y que las mismas no cubrían adecuadamente el área donde se necesitaba mayor protección. A pesar de las reiteradas objeciones de los abogados de defensa, lograron establecer para el récord que recopilaron evidencia y fotos que mostraban cómo se mezclaban maletines de JAVA con los regulares, cuando debían estar en bóvedas distintas. Ya antes, el Lcdo. Guillermo San Antonio Acha había declarado sobre la existencia de “maletines sin rastro” y “papeletas que llegan en bolsas plásticas en vez de maletines” en la Unidad 77.
Las exclamaciones de ¡objeción! se hicieron más intensas cuando declaró el testigo ocular del escrutinio, Lidy López González, quien describió con fechas exactas “descuadres” en la mesa de escrutinio, y el proceso que se seguía en cada caso. En uno, ocurrido el 8 de noviembre lo describió de la siguiente manera: “El error era en la cantidad de votos por candidatura al candidato del PNP por la alcaldía y en el renglón de candidato no votado”. “También excedía la posibilidad matemática de la cantidad de papeletas por candidatura en la parte superior derecha de actas adjudicación manual”. Señaló que el descuadre era “por cientos de votos en la cantidad de papeletas” y ello “fue la razón que provocó un recuento general”. Este testigo también indicó que en el conteo de votos emitidos por adelantado observó que había centenares de sobres sin identificación. Todo ello se podría verificar en las Actas que la CEE no ha hecho disponibles, en clara violación de su misión como la institución que custodia el interés público en el proceso electoral y que debe garantizar la pureza del mismo para restaurar la confianza ciudadana, que tan lacerada está.
El proceso de revisión de evidencia continúa y faltan unos 20 testigos que serán presentados por el equipo legal de Manuel Natal. Más allá de una lucha por garantizar la veracidad de la votación por la alcaldía de San Juan, este reclamo judicial es parte de un profundo compromiso con la justicia y la transparencia en todos los procesos electorales de Puerto Rico.
