Muy preocupantes irregularidades continúan perpetrándose por parte del liderato de la CEE en el proceso de escrutinio de los votos emitidos por adelantado que se encuentran en la unidad 77 y de la cual depende la certificación final de varios candidatos, no sólo en San Juan sino en otros pueblos de la Isla.De hecho, presumiendo que el 100% de los electores aprobados para emitir voto adelantado en efecto lo hicieron, según las Actas existe un descuadre de 6,845 papeletas entre los precintos 1,2,3 y 5 solamente en el Municipio de San Juan.
“Todo el país reconoce un esfuerzo organizado para trastocar el resultado de las elecciones, consumándose un proceso de fraude electoral. Se ha constatado sin lugar a dudas, que hay más votos adelantados emitidos que solicitudes aprobadas y que las papeletas planchadas no salieron de los sobres del voto adelantado. Además, hay un descuadre de las actas y no existe explicación alguna para la aparición de más de 184 maletines. A todas estas irregularidades, añádele la aparición mágica del material electoral sobre la rampa del Coliseo”, indicó Mara Santori, ex-campeona nacional de Tenis de Puerto Rico y una de las portavoces de Ciudadanía por la Transparencia Electoral (CTE), una alianza recién creada entre diversos sectores de la sociedad civil
“Ciudadanía por la Transparencia Electoral apoya la lucha férrea que lleva Movimiento Victoria Ciudadana en defensa del proceso democrático limpio y transparente, y aplaude las posiciones al respecto de las irregularidades denunciadas adoptadas recientemente por el PIP y el PPD,” continuó Santori.
Según reportado inicialmente por los periodistas Benjamín Torres Gotay y Nydia Bauzá, el comisionado electoral del PIP Roberto Iván Aponte declaró que frente a dichas irregularidades se negará a firmar la certificación final de la contienda de San Juan, y el comisionado electoral del PPD, Gerardo Antonio Cruz Maldonado, reconoció la existencia de descuadres sustanciales que dejan en duda su decisión final de firmar la certificación.“Estas tres fuerzas electorales representan la inmensa mayoría de la ciudadanía puertorriqueña y lamenta hasta ahora el silencio del partido Proyecto Dignidad al respecto,” abundó Raquel González, promotora cultural y cantautora, otra portavoz del CTE.
“Reiteramos nuestra exigencia a la CEE y a nuestro Tribunal Supremo, a cumplir con su mandato de asegurar la voluntad manifiesta del pueblo de Puerto Rico, en riguroso cumplimiento con lo que establece la ley electoral en términos del escrutinio de modo que se pueda verificar la legitimidad de cada voto en esa unidad,” dijo el ministro Pentecostal Julio Alvarez.
En reacción a lo que consideran “un atentado en curso contra la democracia y el pueblo de Puerto Rico”, el grupo Ciudadanía por la Transparencia Electoral llamó a “la unidad del pueblo de Puerto Rico e insta a la sociedad civil, asociaciones, colectividades y comunidades, entre otros, a exigir el cumplimiento estricto del reglamento electoral con transparencia absoluta del proceso; respetar la voluntad ciudadana en el recuento de la unidad 77 y rechazar la certificación de candidatos resultantes de los procesos que carecen de legitimidad alguna por el nivel de irregularidades que los aquejan,” según comunicado de prensa del CTE. “Si no detenemos este atentado antes de que se culmine seremos testigos del asesinato de nuestra democracia. Por ello reiteramos el llamado a la sociedad civil a que levante su voz en protesta y exigencia de la plena transparencia y respeto al voto y que, si está probado que la unidad 77 está irremediablemente viciada, se anule del recuento electoral. Aquí están en juego el futuro de la democracia misma y la estabilidad política del país,” puntualizó Santori.
“Exigimos se haga público el proceso y reuniones entre comisionados como se autorizó a la American Civil Liberties Union (ACLU) en transmisión en vivo. Si no puede verificarse y está irremediablemente contaminada, procede la anulación de la unidad 77. La certificación de un alcalde o funcionario público por elección en base a papeletas fraudulentas contadas como votos emitidos cuando no fueron emitidas por ciudadanos en ejercicio de su derecho al voto, deslegitima la certificación. No es un funcionario electo sino certificado ilegítimamente”, estableció por su parte el legendario líder comunitario de Aguas Buenas, Wilfredo López Montañez.
