Maritza Maymí Hernández
Pedro Castillo, un maestro de enseñanza primaria, líder sindical, campesino, exrondero*, e identificado con una “izquierda radical”, resultó electo como presidente de Perú durante las elecciones más fraccionadas en su historia. Esta elección, la octava desde el restablecimiento del sistema democrático en 1980, presentó un gran reto para sus electoras y electores pues se postularon 18 candidaturas que incluían varias facciones que fluían desde la derecha fujimorista, pasando por el centro, hasta la izquierda radical. Para los partidos políticos, uno de los retos principales fue cómo persuadir a un universo de votantes que según las encuestas, parecían no estar satisfechos con ninguno de los candidatos presidenciales. De hecho, durante el periodo previo a la primera vuelta, solo dos candidatos y una candidata obtuvieron porcentajes de respaldo en las encuestas que alcanzaron los dos dígitos: el centro-izquierdista Yohny Lescano de Acción Popular, Hernando de Soto de Avanza País (un partido orientado hacia una derecha tecnocrática) y Verónika Mendoza de Juntos por el Perú (un partido con aspiraciones unitarias entre tendencias progresistas, de izquierda y de centroizquierda). Interesantemente, ninguno de estos pasó a la segunda vuelta. De ahí lo sorpresivo de la victoria de Castillo, candidato de Perú Libre, y de la sobrevivencia en el proceso de cernimiento electoral, de Keiko Fujimori candidata de Fuerza Popular.
Durante esta última década, Fujimori ha podido consolidar el poder como figura central de su partido a pesar de los serios escándalos de corrupción que se le imputan. Esto explica en parte, por qué en dos ocasiones anteriores -en el 2011 y en el 2016- el electorado peruano rechazó la candidatura de Fujimori a la presidencia y por qué antes de la primera vuelta en esta elección, ella aparecía en las encuestas con un de 55% de rechazo de los votantes. En el 2018 y en el 2020 Fujimori estuvo encarcelada de forma “preventiva” mientras se llevaba a cabo una investigación anticorrupción a fondo. En marzo de este año, la Fiscalía Anticorrupción culminó la investigación criminal que la acusó de organización criminal, lavado de dinero, falsedad y obstrucción a la Justicia. En la actualidad, enfrenta la posibilidad de ser penada con 30 años de cárcel, si es hallada culpable de esos cargos. Su esposo y otros miembros de su partido también enfrentan cargos similares.
En Perú existe un fuerte rechazo al fujimorismo (una corriente de fuertes elementos caudillistas, de tendencias fuertemente conservadoras y autoritarias, así como de políticas neoliberales) pero este precede los actos de corrupción que se le imputan a Keiko. El antifujirismo surgió en respuesta a las nefastas posiciones y acciones políticas de su padre, el convicto Alberto Fujimori, con quien más fuertemente se identifica la corrupción, los abusos de poder, el terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad, y quien orquestó un autogolpe de Estado en 1992. Keiko había prometido que de resultar electa concedería un indulto a su padre. No obstante, aún frente al sentimiento antifujirista, Keiko parece haber logrado crear una coalición de líderes empresariales, políticos independientes, de otros partidos políticos alineados con el modelo político-económico neoliberal actual y figuras influyentes como Mario Vargas Llosa y su hijo quienes respaldaron su candidatura a pesar de haber sido críticos del fujimorismo.
De otra parte, Castillo se presentó al país con una serie de propuestas que incluyen: crear una nueva Constitución política a través de una asamblea constituyente que le dé al Estado un papel activo como regulador del mercado y que garantice los derechos de los pobres; la nacionalización de “sectores estratégicos” como el minero, el petrolero y el gasífero; aumentar sustancialmente el presupuesto para la agricultura y la educación; fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones; y reformular los tratados de comercio internacional para que Perú deje de ser un país sometido económicamente a los intereses de los Estados Unidos, entre otras. Aunque no está en contra de la actividad privada, Castillo plantea que estas deben traducirse siempre en «beneficio de la mayoría de los peruanos».
A pesar que el ahora presidente electo presentó propuestas que claramente indican una marcada preferencia a favorecer los intereses económicos de la mayoría rural y los pobres frente a los intereses corporativos y extranjeros, también asumió posiciones que muestran una clara tendencia hacia el conservadurismo en cuanto a temas sociales. Por ejemplo, Castillo se manifiesta en contra de legalizar el aborto y el matrimonio igualitario. Así como también apoya las políticas de “mano dura” en lo que respecta al orden público.
Aunque las propuestas político-económicas de Castillo no resultan ser particularmente radicales, durante la campaña electoral, los medios de comunicación masiva se dedicaron a crear una imagen de él en la cual le representaron como un líder peligroso para el sistema democrático del país. No debe caber duda de que las narrativas mediáticas en torno a las propuestas de Castillo junto a lo que la historiadora peruana Natalia Sobrevilla describe como el “pavor patológico a la izquierda” en Perú, fueron dando forma a esa polarización en esta elección. A pesar del discurso de miedo contra la “izquierda radical”, Castillo logró alcanzar respaldo suficiente para vencer a Fujimori.
Así pues, de la fragmentación con la que se inició la primera vuelta electoral donde Castillo apenas obtuvo 19% y Fujimori un 13%; en la segunda y última ronda, se manifestó una férrea polarización que incluso provocó que la participación aumentara un 4.7 %. Paradójicamente, varios analistas habían pronosticado que se esperaba un alto nivel de abstención electoral durante la segunda vuelta. De esta manera, un proceso electoral que al inicio no movía grandes masas en apoyo hacia alguna de las 18 candidaturas, evolucionó hacia uno donde -al parecer- se enfrentaron dos fuertes impulsos polarizantes: el “antifujirismo” y el “antiizquierdismo”. Por el momento, el antifujirismo ganó por un estrecho margen. Eso de por sí augura grandes retos para gobernar.
Aunque Castillo y Fujimori se encuentran en posiciones opuestas en cuanto a políticas económicas, lamentablemente, encuentran causa común en el conservadurismo social. Habrá que prestar mucha atención a las dinámicas políticas, económicas y luchas sociales que se manifestarán en Perú de ahora en adelante. El escenario político que resultó de esta elección es bastante complejo y requerirá de muchos análisis a profundidad.
*Castillo fue rondero. Este concepto se refiere a los miembros de las Rondas campesinas creadas en 1976 en Cuyumalca, provincia de Chota, en la región de Cajamarca. El objetivo de las Rondas era combatir la delincuencia y la apropiación ilegal de cabezas de ganado. Son una organización autónoma y voluntaria que emergió para defender a los campesinos de actos delictivos ante la ausencia institucional del Estado.
