Por: Rafael Burgos-Mirabal (con la colaboración de Nehemías García Rolón). Red de Educación del MVC
La orden ejecutiva que busca frenar la violencia de género nos ha devuelto la esperanza. Propicia que pronto el Gobernador emita una segunda orden. La misma atendería el papel que la educación escolar sobre la perspectiva de género desempeña en atajar la violencia en la raíz ante la desigualdad estructural y cultural que arropa a nuestra sociedad. Por lo pronto, la orden ejecutiva ya emitida delega en la Secretaría del Departamento de la Familia la presidencia del comité PARE, que ha de coordinar la acción interagencial ante el estado de emergencia decretado. El Departamento de Educación (DE) ni se asoma por los protocolos interagenciales de PARE.
Se reconoce por qué el extender o integrar el mandato al ámbito de la educación primaria y secundaria representa la manzana de la discordia. El Ejecutivo enfrenta pequeños desafíos en el camino hacia la adopción de medidas para la capacitación, concienciación y educación sistemática sobre la perspectiva de género. Los legisladores no comprometidos con las necesidades de las poblaciones victimizadas acaban de derrotar la medida que abraza la misma como un valor necesario en la formación ciudadana de edad escolar con el fin de andar el camino hacia la dignidad, solidaridad y seguridad humanas en el marco sociocultural puertorriqueño. Se reconoce que buena parte de esa resistencia legislativa (del moralmente adoleciente bipartidismo y del cripto-religioso Dignidad de derechas) proviene del control que sobre estos legisladores ejerce el nutrido componente religioso conservador.
Pese a estas señales de discrepancia en los altos estratos del gobierno entre las ideologías y los intereses conservadores, por una parte, y los ideales democráticos de la defensa de la igualdad y de bienestar para todas, todes y todos, por otra, a la administración de Pierluisi Urrutia se le sirve una gran (histórica) oportunidad en bandeja de plata. Le hacemos un llamado al Gobernador para que no se amilane ante la conducta de los/as legisladores/as acobardados/as y coaccionados/as por las ideologías religiosas radicales. Para que pronto emita la segunda orden ejecutiva que mande integrar el currículo con perspectiva de género en las escuelas del país. Por el bien social le pedimos, en cuanto a justicia de género, que se decante por medidas para la educación escolar contra la violencia y la desigualdad. Pensamos que es en los sistemas educativos en donde reside una solución profunda y de alcance histórico a este problema social y estructural.
Sin embargo, en la Red de Educación pedimos algo más para que tal fiat ejecutivo surta el efecto deseado en fin de cuentas y para que la gestión reformadora se convierta en un legado que prenda y dé frutos. Para que no se haga sal y agua. Baste con un botón como muestra: el Gobernador García Padilla hizo el intento durante el 2012 al 2016 (ver la Carta Circular 19-2014-2015 del DE). Sin embargo, la medida jamás prosperó, ni un ápice. Conforme a las maneras jerárquicas de “implantación” en que en el DE están institucional y desidiosamente acostumbrados, el decreto nació como letra muerta.
Pedimos que llegada la ansiada orden de implantación de currículo con perspectiva de género al DE, se manejen las cosas como no se suelen manejar en esa agencia.
Para ello el DE habría de adoptar un giro inédito en sus maneras de operar y de rendir cuentas. Que, para variar, la alta dirección del DE asuma una visión amplia y de sistema, comprometida y responsable sobre la necesidad de cambios verdaderos. Ofrecería un programa de adiestramientos transversales a lo largo y ancho de los cuadros de sus recursos humanos. A la ofensiva religiosa desacreditadora de la perspectiva de género no se le pondrá coto con meramente emitir desde lo alto una carta circular “decretal” o con designar un comité ejecutivo que se queda en exigirle al grueso magisterial el que añada un nuevo objetivo educativo a sus responsabilidades o unos nuevos contenidos a su plan de clases. En la agencia se pretende que las cosas cambiarán con decretar desde arriba que los/as maestros/as “habrán de cambiar las cosas” en el salón de clases, pero a la hora de la implantación se espera que los docentes se las arreglen como puedan para poner en vigor nuevas responsabilidades. No habrá cambio en los salones de clases si toda ecología profesional y humana que circunda y apoya a los docentes no habla el mismo idioma, si no está sujeta a la capacitación, pues tampoco podrá ver las razones para el cambio: el por qué persiste la violencia de género en Puerto Rico o el cómo el determinado papel profesional que desempeñan los diversos roles de personal afecta al ecosistema, a la comunidad educativa y al hecho educativo fundamental. Para ello, la alta dirección del DE deberá abordar el cambio cultural como un problema sistémico, junto con el Departamento de la Familia, y que exige un meditado programa de capacitación integrado en todos los cuadros del personal del DE. Para que surta efecto un cambio de mentalidades en la esfera institucional habrá que capacitar tanto a los directores de programa como a los facilitadores docentes, al personal administrativo y no docente de apoyos (desde el personal del comedor escolar hasta los consejeros escolares, desde los de custodia hasta los directores escolares). Quizás no hay que decir, por último, que hará falta una capacitación fuerte y agresiva para que los/as maestros/as cumplan la misión de implantar los currículos día a día en los salones.
Hasta la fecha órdenes de implantación (curriculares o no) en el DE presumen como método de implantación el recurso de la magia, un lavado de las manos de la alta dirección del DE, que en el mundo al derecho tiene la responsabilidad de reparar con despacio y conciencia sobre la necesidad de -o la manera como debe- acondicionar a sus cuadros humanos y brindar las herramientas de capacitación ecosistémica para que se hagan realidad las transformaciones prometidas.
Entonces, repetimos que los aires de cambio que presenta el decretado estado de emergencia no solo imponen grandes desafíos al gobierno, sino que también ofrecen la gran oportunidad de mostrar cómo ha de articularse exitosamente una política pública educativa que Puerto Rico necesita desesperadamente tanto hoy como mañana.
