Por Dantes Ortiz Núñez, historiador || Universidad Autónoma de Santo Domingo. República Dominicana
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Los gobiernos del siglo XIX y los primeros 30 años del siglo XX, carecían de recursos para crear infraestructura y para resolver ese problema procedieron a endeudar al país. De la deuda, una parte se usó en inversiones, otra fue personalmente apropiada a través de la corrupción. Hubo casos en que el dinero del préstamo fue usado para cubrir deudas de campaña. Así, la deuda pública dominicana es ilegítima.
La República Dominicana ha tenido gobernantes que no han tenido la menor idea sobre la diferencia entre lo público y lo privado: Báez, Lilís y Trujillo no podían diferenciar lo suyo de lo público. Paradójicamente ha sido bajo regímenes dictatoriales que el país ha registrado los mayores avances materiales en infraestructuras y, desde luego, los mayores bloqueos al cumplimiento de la Constitución y las leyes. Además, ha registrado los casos más sonados de arbitrariedad, las mayores violaciones a los derechos ciudadanos, las mayores apropiaciones ilegales de tierras, desalojos y hurtos amparaos en el poder. Lo que ha sido de robo público, se ha visto como normal, se ha institucionalizado y es legitimado por el común de la población al llamar “pendejos” a quienes no roban, conducta inducida por los ladrones a través de los mecanismos de la alienación colectiva.
La conciencia ciudadana en materia de separación y defensa de lo público condena al abuso y mal uso de los bienes comunes. Hasta personas de cierto nivel académico y político callan frente al dolo de las asociaciones de malhechores, el cohecho y las prevaricaciones efectuadas desde el Estado.
El predominio de esa mentalidad depredadora y su correspondiente praxis y la no diferenciación entre lo público y lo privado en sectores de la pequeña burguesía, no debe llevar a confusión y creer que la clase trabajadora, las amas de casa, profesionales, apoyan la corrupción. No hay que perder de vista que luego de despojar a la nación de sus recursos, los funcionarios son tratados como señores respetables por la prensa y por lo que el sector alienado del país, haciendo que se perciba como normal, aunque otros sectores clamen por el cese de la corrupción y la impunidad.
Uno de los factores que contribuyeron al odio de la población contra el Partido de la Liberación Dominicana – P.L.D.- fue su prédica de honestidad antes al llegar al poder, pues sostenían que “esa maña de robar con el PLD se va acabar”, e hicieron del Estado un botín que trataron como piñata.
Sobre la base de terminar con la corrupción y la impunidad, Luis Abinader hizo campaña y prometió un conjunto de medidas, que de cumplirse irían cerrando la brecha que históricamente ha existido entre el Estado y la sociedad civil. Sin embrago, a dos años de gobierno recién cumplidos, hay funcionarios que no entienden el significado político-estratégico del manejo honesto de los recursos públicos. No basta que cinco funcionarios actúen como lo estípula la Constitución, las leyes y las normativas orgánicas de cada institución, es menester que Abinader exija a sus ministros que actúen a la altura de la demanda popular de la ciudadanía, a los fines de cerrar la brecha entre Estado y sociedad; pues algunas actuaciones están llevando a perder la confianza en el presidente, como la lentitud en las cámaras legislativas en aprobar las iniciativas de leyes para cerrarles el paso a la impunidad.
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